Polémica por la posible liberación del terrorista de Lockerbie
Abdelbaset al Megrahi, preso en Escocia, está en fase terminal
El Gobierno autónomo escocés afronta su primer contencioso internacional ante las crecientes presiones de Estados Unidos para que no permita el traslado a Libia del único acusado por el caso Lockerbie -el atentado contra un avión de la PanAm en el que murieron 270 personas en 1988- apoyándose en razones humanitarias.
Una decisión judicial allanó ayer ese camino, después de que el Tribunal Superior de Edimburgo autorizara la solicitud presentada por Abdelbaset Ali Mohamed al Megrahi, quien padece un cáncer de próstata en fase terminal según fuentes médicas independientes, de retirar la apelación contra su condena a cadena perpetua.
El fallo implica en la práctica que el reo podría cumplir el resto de su sentencia en una prisión libia, en el marco de un reciente acuerdo entre Reino Unido y Libia que requiere que no quede ningún recurso pendiente para la transferencia de prisioneros.
EE UU y las familias presionan para evitar el traslado de Al Megrahi a Libia
El ejecutivo de Escocia, sin embargo, sopesa ir más lejos mientras estudia la demanda de liberación por motivos humanitarios del moribundo Al Megrahi -formulada por sus abogados en una vía legal paralela-, para que pase sus últimos días junto a su familia en el país africano.
Un informe médico independiente ha concluido que al preso, de 57 años, le restan apenas tres meses de vida. La prensa británica revelaba el pasado jueves que el ministro de Justicia escocés, Kenny MacAskill, iba a pronunciarse favorablemente esa misma semana, pero una llamada telefónica de la secretaria de Estado de EE UU, Hillary Clinton, acabó frustrando el anuncio.
La Administración de Obama, en la línea del grueso de los familiares de las víctimas de Lockerbie, exige que el preso libio acabe de cumplir su condena a perpetuidad -con un mínimo obligado de 27 años- en el recinto escocés en el que permanece encarcelado desde 2001. Fue condenado como único responsable del atentado contra el avión de la PanAm que explosionó sobre la pequeña localidad escocesa mientras realizaba el trayecto Londres-Nueva York en 1988. El macabro balance incluyó todo el pasaje y la tripulación además de algunos vecinos de Lockerbie. De las 270 víctimas mortales, 189 eran de nacionalidad estadounidense.
El Gobierno de Escocia no puede liberar al autor de una "horrible acción terrorista internacional", reza la carta que han remitido siete senadores de EE UU al ministro MacAskill, entre los que destacan el influyente Edward Kennedy y el ex candidato a la presidencia John Kerry.
Junto a esa ofensiva procedente del otro lado del Atlántico, los gobiernos de Edimburgo y Londres afrontan la reclamación de un sector de los familiares de las víctimas británicas para que se abra una amplia investigación pública sobre el caso, ante la convicción de que Al Megrahi, un antiguo agente de inteligencia, ejerció de mera cabeza de turco.
La tragedia de Lockerbie ha dado alas a la oposición escocesa para cargar contra el primer ministro, Alex Salmond, como protagonista de un "circo mediático". Desde las filas laboristas y socialdemócratas se acusa al Gobierno de Edimburgo de convertir una decisión que debería competer a la justicia -liberar o no a Al Megrahi- en "una decisión política".
El titular de Justicia está revisando el caso con carácter de urgencia y, después de haberse reunido con representantes del Gobierno libio y con familiares de los fallecidos, y de haber visitado al propio prisionero, se espera que emita su veredicto en una o a lo sumo dos semanas.
Hasta hace pocos días MacAskill parecía proclive a aceptar los argumentos de los abogados del preso libio (motivos humanitarios), pero los observadores no descartan que acabe cediendo a la presión de Washington. En un fiel de la balanza está la indignación de los allegados de las víctimas y la ofensiva estadounidense. En el otro, el precario estado de salud de Al Megrahi ("muy debilitado, con fuertes dolores y un enorme sufrimiento", en palabras de sus representantes legales), pero también la normalización de las relaciones con la Libia del coronel Gaddafi, que, en el caso de Reino Unido, se ha traducido en importantes negocios para sus compañías petroleras.
