Una investigación con final incierto
Las andanzas de la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa, el hombre que durante diez años montó los actos del PP cuando estaba José María Aznar al frente del partido y que durante otros cuatro años organizó con sus empresas los actos institucionales de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid, llegaron hasta la Comunidad Valenciana a comienzos de 2004. Desde entonces hasta el pasado febrero, cuando el juez Baltasar Garzón encarceló al líder de la trama corrupta y a dos de sus colaboradores, la sociedad Orange Market gozó de un trato privilegiado por parte de los dirigentes valencianos. Le dieron más de 40 contratos a dedo y ganó en los cuatro años que se presentó el concurso para montar el pabellón valenciano en la feria de turismo en Madrid.
Aunque el juez Garzón encontró indicios claros de tráfico de influencias y de otros delitos en la actuación de los dirigentes valencianos, el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad, que asumió el caso, decidió investigar sólo un caso de cohecho pasivo (recibir regalos en función del cargo público que se ocupa).
El juez José Flors, que instruyó el caso, halló suficientes indicios para llevar a Francisco Camps a juicio. La Sala Penal del Tribunal Superior, ante la que recurrió el presidente valenciano, decidió archivar el caso por dos votos a uno. El recurso de la Fiscalía ante el Tribunal Supremo abre una nueva vía para que Francisco Camps pueda acabar siendo juzgado.
Mientras, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se siguen abriendo cajas de documentación donde se mezclan las presuntas corruptelas de la Comunidad de Madrid con las de la Comunidad Valenciana. Si aparecen nuevos indicios de la trama valenciana, nadie sabe a estas alturas quién podrá investigarlos.
