Prohibir el tabaco
La prohibición total del tabaco no deja de ser una herramienta retórica que incluso recomiendan los manuales de comunicación de la industria del tabaco, a sabiendas de su inviabilidad. Una prohibición total del cultivo, distribución y venta del tabaco sólo sería viable a escala universal. La industria obtiene beneficios formidables y no va a renunciar espontáneamente a su venta, por más que su producto esté causando en todo el mundo 5,4 millones de víctimas anuales. Un solo país, Bután, prohíbe la venta y consumo público de tabaco, pero permite el consumo en el domicilio privado, que es un espacio inviolable a todos los efectos.
El tabaco no es legal por ser merecedor de ello. De hecho, a día de hoy ningún país democrático del mundo legalizaría un producto similar al tabaco. Su legalidad viene del hecho de que se está vendiendo masivamente hace un siglo y afecta a 1.300 millones de personas. Sin embargo, está demostrado por evidencias empíricas que la combinación de incremento fiscal periódico, prohibición de su publicidad, espacios sin humo, información ciudadana y asistencia a fumadores puede reducir la epidemia a cifras inferiores al 15% de la población en 15 años. Ya hay varios países (Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Estado de California...) que lo han conseguido aplicando esas políticas integrales de salud publica.
Por otra parte, hay que recordar que por cada euro que recauda el Estado por impuestos especiales del tabaco tiene que poner dos para sufragar el coste sanitario y social que origina. No tiene ningún sentido afirmar que se debe ir de Madrid a Barcelona (prohibición), pero que no se quiere llegar a Zaragoza (espacios sin humo).
