España castiga sólo la "ayuda necesaria"

Colocar un vaso con una pajita en la mesa de noche del tetrapléjico Ramón Sampedro, quien no podía mezclar con agua el cianuro que le mató, está castigado por la ley española. Ramona Maneiro, la mujer que lo hizo, quedó libre de cargos porque había prescrito el delito. El artículo 143 del Código Penal castiga con la cárcel la inducción y la cooperación con "actos necesarios" al suicidio y con penas de 6 a 10 años de prisión a quien ejecutase la muerte. Eso sí, rebaja el castigo cuando el suicida sea un enfermo terminal.

Otro caso es el de Madeleine Z., la mujer aquejada de una enfermedad degenerativa que ingirió una mezcla letal de medicamentos en enero de 2007. Ella los consiguió y los preparó. Estuvo acompañada de dos voluntarios de la asociación proeutanasia Derecho a Morir Dignamente (DMD), de la que era socia. DMD le había facilitado una Guía de autoliberación elaborada por médicos y revisada por juristas con información publicada o disponible en Internet para quitarse la vida con diversos métodos. "El suicidio es impune en España, y dar información también", señala el documento. Así como acompañar en su suicidio a un enfermo terminal, según mantienen. Fuentes de DMD señalan que ningún voluntario ha sido procesado por ello. "Otra cosa es que un médico prescriba la medicación al enfermo o le proporcione el cóctel letal sabiendo su intención", señalan, y añaden que la mayoría de los suicidios de enfermos terminales en España pasan desapercibidos, "quedan dentro del ámbito familiar. Una mañana, el paciente amanece muerto y su médico puede firmar el parte de defunción porque considera que ha fallecido por su enfermedad".