Los obispos españoles exigen que el aborto vuelva a ser delito

Los obispos emitieron ayer su anunciada Declaración ante la crisis moral y económica, pero su portavoz y obispo auxiliar del cardenal Antonio María Rouco en Madrid, el jesuita Juan Antonio Martínez Camino, aprovechó para volver sobre la polémica del aborto, con un paso al frente. "No se entiende que quitar la vida de un ser humano inocente no pueda ser un delito", dijo. Los prelados se habían cuidado hasta ahora de dar la impresión de querer encarcelar a las que aborten y a quienes cooperen en ese acto.

Martínez Camino compareció ante la prensa en la Casa de la Iglesia, en Madrid, junto al obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, Juan José Omella, para fijar la posición de la Iglesia católica en España ante las causas y las víctimas de la crisis. El documento fue aprobado en la última Asamblea Plenaria del episcopado. Su presentación en sociedad, además, intenta preparar los ánimos ante la Jornada de la Familia que Rouco ha convocado para el día 27 en Madrid. El líder del episcopado quiere que este acto sea aún más masiva que las anteriores. Entre las novedades, una muy relevante: la presencia ese día en las calles de Madrid de numerosos cardenales de otros países, incluido alguno de la Curia (Gobierno) del Vaticano.

Habrá cardenales extranjeros en la jornada por la familia del día 27

Los prelados alertan de las consecuencias de "la política antinatalista"

El poderoso círculo del cardenal de Madrid cree que la brutal crisis económica y las dificultades del Gobierno son un aliciente para reunir en la capital a cientos de miles de fieles. Aunque según consta en este documento, la crisis está causada por "la pérdida de valores morales", es decir, por "la falta de honradez, la codicia -raíz de todos los males- y la carencia de control de las estructuras financieras, potenciada por la economía globalizada", el principal responsable es el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que el Vaticano considera un símbolo europeo de los desastres.

"El desarrollo es imposible sin hombres rectos, sin operadores económicos y hombres políticos que vivan fuertemente en su conciencia la llamada al bien común", afirman. Como remedio, apuntan a "un mayor compromiso en el mundo de la educación y en la vida pública, para erradicar en todo momento la corrupción, la ilegalidad y la sed de poder".

También enumeran a las víctimas principales de la situación: las familias, sobre todo las numerosas, los jóvenes, los parados, los pequeños y medianos empresarios, los agricultores y ganaderos y los inmigrantes. También sostienen que las "políticas antinatalistas" del Gobierno tendrán repercusiones económicas en el futuro.

La declaración episcopal advierte en apenas veinte páginas que la crisis económica debe ser una ocasión de discernimiento y de actuación esperanzada "para cada ser humano, para los responsables públicos y para las instituciones que pueden contribuir a una salida de ella".

"Es urgente un discernimiento sobre las decisiones de gasto tanto, de los poderes públicos como de las familias y de cada uno en particular", añade el episcopado, antes de execrar con severidad de dos de las leyes del Gobierno socialista: la recién aprobada Ley de Extranjería y la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, en trámite parlamentario.

Para los obispos, la primera norma "restringe derechos que afectan decisivamente a la dignidad de los inmigrantes como personas", un colectivo sobre el que dicem: "Son personas, para nosotros hermanos, que un día vinieron invitados, contratados, o simplemente atraídos por la fascinación de un soñado paraíso. Muchos han colaborado con su trabajo y sus servicios, en tiempos de prosperidad, a nuestro desarrollo y bienestar, aumentaron considerablemente los recursos de nuestro país, de la caja de la hacienda pública y de la Seguridad Social, animaron el consumo, el mercado de la vivienda y la vida laboral en general. Ahora, no podemos abandonarlos a su suerte".