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El debate territorial

La amenaza de Val d'Aran

Val d'Aran está en pie de guerra ante la insistencia del consejero de Gobernación, Jordi Ausàs, de incluir el territorio en la veguería del Alto Pirineo. Las autoridades políticas del valle, que tiene reconocidas sus peculiaridades históricas, culturales y administrativas en una ley específica, rechazan con firmeza la futura división en veguerías que propone Esquerra Republicana de Catalunya.

Todos los partidos políticos representados en el Conselh Generau d'Aran, máxima institución de autogobierno del valle, aprobaron hace un año por unanimidad una declaración en la que expresaban su voluntad de quedar al margen de cualquier división territorial que se haga en Cataluña. Los nueve alcaldes de Aran también se han manifestado recientemente en el mismo sentido y el partido nacionalista aranés Unitat d'Aran (UA) ha amenazado con romper los vínculos políticos que mantiene con el PSC desde 1991 si el territorio queda incluido en la veguería del Alt Pirineu.

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El síndico Francesc Boya, de UA, afirma que Aran quiere seguir compartiendo un proyecto común con Cataluña y España si se respeta el principio de autonomía que está reconocido por la ley específica de Aran de 1990 y el Estatuto de Autonomía de 2006. "No tiene ningún sentido", añade, "que el Conselh Generau, que es la Generalitat en Aran, esté sometido a un ámbito que sobrepasa su marco territorial y administrativo específico".

Pero la provincia del consejero Ausàs, ex alcalde de La Seu, sufre más conflictos: el Consell Comarcal del Solsonès ya pidió hace un año seguir en la veguería de Lleida hasta que no pueda decidir si prefiere o no irse a la de la Cataluña central. Mientras, la Cerdanya, partida entre el Alt Urgell y la Cerdanya, ya vio hace un año como el Parlament rechazaba que tuviera un régimen especial como el de Val d'Aran. Y el colofón lo puso la Candidatura d'Unitat Popular que planteó que la veguería de Lleida debería llamarse de Ponent.

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