"Los bares españoles se llenan en un día de fútbol y allí no va nadie para multarlos"
Ángela, dominicana, tiene alquilado un bar en la calle de Segovia de Torrejón de Ardoz, a cinco minutos del Consistorio. Abrió el 30 de octubre de 2009 y sólo dos meses más tarde ya acumulaba tres multas del Ayuntamiento por superar el aforo y por poseer un equipo de música y una televisión sin licencia. Un total de más de 9.000 euros en sanciones. Anni, la portavoz de la asociación de inmigrantes Juan Pablo Duarte, que también regenta un bar, no tuvo que esperar tanto. Fue multada por sobrepasar el horario el primer día de apertura.
Como ellas, muchos empresarios inmigrantes del municipio consideran que las multas que reciben no llegan con tanta eficacia y rapidez a los nativos, y por eso piensan que se trata de una "campaña de acoso" por parte del gobierno local del PP. El mismo que tuvo que retirar la semana pasada la orden ilegal de no empadronar a inmigrantes con visado de turista o que no tuvieran al menos 20 metros cuadrados por persona en sus casas.
"No es que nosotros no nos merezcamos las multas", afirma Anni, "es que, por ejemplo, un día de fútbol los bares españoles superan el aforo y allí no vemos que vaya nadie a multarles". Tanto ella como Ángela creen que lo único que busca el alcalde con estas multas es perjudicar sus negocios.
Fuentes conocedoras de la gestión municipal, que no quieren revelar su nombre, insinúan a este periódico que las multas en los negocios de españoles también se ponen, pero que en muchos casos nunca llegan a tramitarse.
Además, para los extranjeros, este presunto acoso se suma a la ordenanza municipal que aprobó el Ayuntamiento en junio de 2008, en la que se estipula la distancia mínima que debe existir entre algunos locales comerciales, como locutorios o tiendas de alimentación, negocios tradicionalmente regentados por inmigrantes. Para este colectivo, ésta es otra forma de invitarles a irse.
"Queremos abrir un bazar en un local que durante 30 años había tenido esa actividad y no nos dejan porque a dos manzanas de aquí ya hay otra tienda", cuenta un matrimonio chileno afincado en España desde hace 10 años. Por la ubicación del local que tienen alquilado, el Ayuntamiento sólo les permite abrir un quiosco de prensa. "Pero nosotros no queremos eso", dicen. "Y además, cada vez que vamos a hacer la consulta obligatoria para preguntar si es posible abrir algún negocio, ya nos vale 150 euros. ¡Para que te digan que no!", se sulfura él.
Este matrimonio, que también regenta un bar, tampoco pudo poner una terraza en su establecimiento, algo que no le ocurrió a la pizzería que tienen a escasos metros, de dueño español. "Y él tiene menos espacio en su acera", detalla el marido. "¿No te parece increíble?".
