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El debate de la reforma laboral

El PP apoyará la negociación, pero critica la "inconcreción" de los planes

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ofreció ayer el apoyo de su partido al Gobierno en la negociación con los agentes sociales, no sin antes echar un rapapolvo a la política económica del Ejecutivo. Además de criticar la "inconcreción" de la reforma y apuntar que "el tiempo va pasando y los españoles necesitan hechos", cargó las tintas contra el Presidente, del que "el PP no se fía", y aludió a un "círculo vicioso zapateril" en el que "los impuestos y el paro volverán a subir y autónomos y empresas volverán a cerrar".

Especialmente duro se mostró el coordinador general de IU, Cayo Lara, para quien la propuesta se reduce a una mera "divagación". Lo que falta, dijo, "es una reforma empresarial y empresarios serios que quieran generar riqueza y empleo". Advirtió al Gobierno de que "no contará con IU si lo que pretende es reducir la jornada y el salario", y recordó que los sueldos en España todavía están por debajo de la media de la UE.

Lara mostró la disconformidad de su partido con "cargarse los 45 días de despido y contratar a chavales por menos de 1.000 euros para quitarse de en medio a trabajadores con trienios de antigüedad".

Respuesta nacionalista

Desde Cataluña, el Gobierno recibió una de cal y otra de arena. Un pesimista Artur Mas, presidente de CIU, calificó la reforma de "light" y recordó que llega "tarde", ante los problemas económicos por los que pasa España, "el peor de los países desarrollados". Mas opinó que "la reforma debe hacerla un Gobierno que tenga norte y capitán, y no es el caso". El líder de CIU comparó al Ejecutivo con "un barco que va a la deriva" y destacó la "pérdida de confianza" que ha generado entre la población.

Más conciliador, el presidente de ERC, Joan Puigcercós, consideró "positiva" la reforma y empleó un nuevo vocablo para un nuevo concepto: la "flexiseguridad". Ése es, en su opinión, el elemento clave para garantizar "un mercado flexible que garantice la seguridad de los trabajadores". Por su parte, el presidente del PNV, Íñigo Urkullu, desempolvó ayer el debate sobre la transferencia a Euskadi de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, como reza el artículo 18 del Estatuto de Gernika. El líder nacionalista exigió el traspaso al lehendakari, Patxi López, y a Zapatero, convencido de que de esa manera la Seguridad Social en Euskadi "funcionaría mejor", informa Sonsoles Zubeldia.

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