Una investigación interminable
Francisco Correa, el cabecilla de la red Gürtel, inició su carrera empresarial hace 15 años a la sombra del Partido Popular, que por entonces dirigía con mano de hierro José María Aznar.
Sus buenas relaciones con el líder del partido -llegó a ser testigo en la boda de la hija de Aznar- fueron la base de un negocio colosal que durante años fue extendiéndose por administraciones públicas donde gobernaba el PP. En la Comunidad de Madrid hay al menos cinco ayuntamientos donde las empresas de Correa hicieron negocios con contratos sin que mediara concurso público, o donde el propio Correa ejercía de conseguidor para otras constructoras y cobraba comisiones ilegales a cambio, según la investigación judicial que inició desde la Audiencia Nacional el magistrado Baltasar Garzón y que hoy se desparrama por el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, posiblemente, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.
Hay al menos cuatro comunidades afectadas por las revelaciones del sumario sobre obras públicas amañadas o financiación ilegal del PP; son Madrid, Valencia, Castilla y León y Galicia.
El Gobierno de Francisco Camps adjudicó cerca de 40 contratos a dedo a una empresa de la trama, Orange Market, cuya experiencia en esa comunidad era inexistente. Hay cientos de contratos sospechosos en más de una decena de administraciones públicas en una investigación que se inició hace más de dos años por la denuncia de dos ex concejales del PP en Majadahonda (Madrid). La investigación, según las fuentes consultadas por EL PAÍS, es "prácticamente interminable".
