Una reserva de cuatro billones de litros sin valor normativo
Hasta que las nubes tengan dueño, las peores batallas políticas de la España autonómica sangran agua. Los ríos tienen la tozuda manía de atravesar fronteras territoriales sin atender a lenguas, banderas o afiliaciones políticas. Y si alguien represa su tramo, los gritos de furia ascienden corriente arriba.
La avalancha de reformas estatutarias lanzada tras el Estatuto catalán se ha esforzado por definir cuestiones sentimentales al tiempo que trataba de blindar con mayor o menor fortuna la financiación o la política hidrológica. La norma catalana (en vigor desde agosto de 2006) reclama su participación en las decisiones que afecten a sus cuencas, incluso si dependen de Francia. El Estatuto valenciano (abril de 2006) reivindica su derecho a recibir parte del agua que sobre en otras cuencas.
El Estatuto de Castilla y León (diciembre de 2007) garantiza "el abastecimiento de agua (...) para atender a sus necesidades presentes y futuras", pero es el aragonés (abril de 2007) el que va más allá, al cuantificar esa reserva: 6.550 hectómetros cúbicos. Andalucía, por su parte, vio reconocida su competencia sobre la cuenca del Guadalquivir, que afecta a otras tres regiones.
Reserva en el Preámbulo
Un informe del Gobierno castellano-manchego admite que la norma aprobada en enero de 2007 en las Cortes autonómicas no tiene precedentes en algunos puntos. Se arroga el derecho a marcar las previsiones de demanda de agua para la actividad económica, y la capacidad para vetar las transferencias de agua incluso aunque afecten a otras comunidades.
La ponencia que hoy debate la Comisión Constitucional del Congreso retira a la Junta la competencia exclusiva sobre la gestión de los recursos intracomunitarios y el derecho a veto sobre transferencias que la afecten. Además, tumba la disposición que obligaba a cerrar definitivamente el trasvase entre el Tajo y el Segura para 2015. A cambio, incluye en el preámbulo -que según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, carece de valor normativo- que la comunidad "estima necesaria (...) una reserva de agua (...) de 4.000 hectómetros cúbicos".
Este último punto fue introducido con el apoyo de PSOE y CiU. El PP se abstuvo. Los socialistas dicen que ya "no hay más cera que la que arde". O el PP da luz verde, o se retira una norma que fue aprobada por las Cortes de Castilla-La Mancha en enero de 2007, y lleva años empantanada en el Congreso por cuestiones administrativas y falta de consenso.
