Últimos cartuchos

El ministerio fiscal quemó ayer sus últimos cartuchos procesales en su intento de parar la inminente apertura de juicio oral a Baltasar Garzón por la causa relativa a las fosas donde todavía yacen sin identificar numerosas víctimas del franquismo. A los argumentos hasta ahora esgrimidos por el fiscal en su firme oposición a que la controvertida pero jurídicamente sostenible actuación del juez de la Audiencia Nacional sea considerada un acto prevaricador, ha añadido uno nuevo: la deslegitimación procesal de los querellantes, el sindicato ultra Manos Limpias y Falange Española de las JONS, para sentar a Garzón en el banquillo.

La tesis que sustenta el ministerio fiscal, y que le da pie para pedir una vez más el sobreseimiento de la causa deriva de la llamada doctrina Botín sobre la acción popular que, aunque enmendada poco después por la misma Sala Segunda del Supremo por la llamada doctrina Atutxa, fue mantenida por el instructor de la causa contra Garzón, Luciano Varela, en un voto particular discordante con el llamativo cambio de criterio de sus compañeros. La doctrina Botín y la del voto particular del magistrado Varela mantienen que la acusación popular carece de legitimación por sí sola, a falta de acusación particular o de acusación pública, para llevar a un ciudadano a juicio en los llamados procedimientos abreviados, relativos a los delitos menos graves.

La causa contra Garzón encaja como anillo al dedo con esta doctrina: no hay acusación particular, por la sencilla razón de que no existen perjudicados, ni tampoco acusación pública porque ningún daño ha producido Garzón al "interés público y social" en su intento de prestar una tutela judicial efectiva a los familiares de las víctimas del franquismo que acudieron a su jurisdicción. La causa sólo se sustenta en una acusación popular a la que el propio instructor Varela, con una benevolencia y compresión que ya quisieran para sí otros querellantes, ha debido corregir para que no sea tan patente que se mueve por estrictos intereses particulares -el derecho al honor de los falangistas o revindicaciones de "un alto grado ideológico"- al amparo de una presunta defensa del interés social.

Es cierto que la doctrina Atutxa sobre la acción popular es la vigente, y no la doctrina Botín, pero el hecho de que esté recurrida ante el Tribunal Constitucional prueba que es una cuestión todavía abierta y sobre la que no se ha dicho la última palabra. El instructor Varela ha pasado por alto en sus autos este debate doctrinal, a pesar del papel señalado que ha jugado en él. Pero nunca es tarde. El fiscal le ha recordado que ese debate existe y que debería llevar o bien al sobreseimiento o, en todo caso, a dejar en suspenso la apertura del juicio oral contra Garzón. Porque podría suceder que el Tribunal Constitucional avalara como correcta la doctrina Botín y que Garzón hubiera sido juzgado con una interpretación inadecuada de las leyes procesales.