El fin del visado de obras irrita a los colegios profesionales

Las tarifas que cobraba el Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña (COAC) por visar obras representaban hace unos años el 80% de los ingresos de la entidad, con 10.000 profesionales colegiados. Hoy estos documentos apenas superan el 40% de los ingresos de una entidad que ha visto como su presupuesto, de 27 millones de euros hace cuatro años, ha adelgazado hasta los 15 millones.

Con la crisis en la construcción ha caído el número de visados, jugosa fuente de ingresos de muchos colegios profesionales, entre ellos los del ámbito de la arquitectura y la ingeniería. Pero no sólo la coyuntura económica ha puesto en jaque los visados colegiales: la nueva Ley Ómnibus elimina la obligatoriedad de visar las obras salvo en los casos que fija un real decreto aún no aprobado. De los más de 80 casos que ahora exigen un visado del colegio profesional correspondiente, sólo en una decena seguirá siendo obligatorio.

Este es uno de los puntos de la ley que más rechazo han generado entre los colegios profesionales. Las 20 entidades colegiales catalanas de la ingeniería han firmado un documento en el que defienden el visado. "La labor de visar no sólo confirma la competencia profesional de quien ha hecho un proyecto. También certifica su seguridad y su adecuación a las leyes y reglamentaciones técnicas exigidas, y además garantiza que el profesional tiene un seguro de responsabilidad civil para responder ante cualquier eventualidad", apunta Josep Oriol, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Cataluña.

Aprobada a finales del año pasado, la Ley Ómnibus establece la modificación de 47 normativas estatales para adaptarlas a la directiva de servicios europea. El objetivo es garantizar la libertad de establecimiento y prestación de servicios en la UE, eliminar trabas administrativas y reducir costes para los usuarios. La Comisión Nacional de la Competencia advertía en 2008 de que los visados de los colegios profesionales encarecen los servicios, añaden trámites y tiempo, y dificultan la actividad empresarial.

'Casal' de jubilados

Con la nueva ley, los colegios temen quedar vacíos de contenido. "Sin las funciones que ejercen ahora, se convertirán en un casal de jubilados que van a jugar al dominó", denuncia Josep Barceló, jurista del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña. La mayoría de los 127 colegios profesionales que hay en Cataluña son de adscripción obligatoria para los profesionales en ejercicio. Las cuotas de colegiación son otra fuente de ingresos de estas entidades, pero la nueva ley elimina también su obligatoriedad.

Frente a la nueva Ley Ómnibus, los colegios profesionales catalanes no estan solos. Cataluña tiene una ley de colegios profesionales y la Generalitat entiende que el Gobierno central invade competencias al reservarse la función de dictaminar qué visados dejan de ser obligatorios y qué profesionales deben colegiarse para poder ejercer. El Gobierno catalán presentará un recurso de inconstitucionalidad "si fracasa el proceso negociador abierto en la comisión bilateral Estado- Generalitat para resolver esta cuestión", advierte Xavier Campà, subdirector de Entidades Jurídicas de la Generalitat. En los aspectos en que la Generalitat no ve invasión competencial, la ley catalana se adaptará a la Ley Ómnibus mediante un decreto. Por ejemplo, en la obligación de los colegios de crear un servicio de información al usuario, de abrir una "ventanilla única" con las administraciones para facilitar trámites vía telemática o de publicar la memoria anual.