Garzón ordenó las escuchas para evitar la evasión de los fondos Gürtel
El juez Baltasar Garzón compareció ayer a declarar por tercera vez ante el Tribunal Supremo, en esta ocasión sobre las escuchas ordenadas a los principales implicados de la trama corrupta Gürtel con sus abogados en prisión. Garzón aseguró ante el magistrado instructor, Alberto Jorge Barreiro, que su intención al intervenir las comunicaciones no era enterarse de la estrategia ni limitar los derechos de defensa de los abogados, sino investigar una trama de especial complejidad y evitar que los fondos de la trama corrupta saliesen de España.
El juez recordó que los abogados imputados José Ramón Blanco Balín y Manuel Delgado Solís habían organizado la estructura empresarial y los movimientos de dinero y tenían la misión de desvincular de las acusaciones al cerebro de la trama, Francisco Correa. Según fuentes jurídicas, Garzón explicó que otros dos abogados, Luis Miguel Pérez y José Antonio López Rubal, Pepechu, colaboraron en los movimientos de salida de capitales. Otros dos letrados, uno de ellos Arturo Gianfranco Massana, tenían encomendado el envío de los fondos a Suiza y Estados Unidos.
Crimen organizado
Después de que estos letrados fueran imputados, Garzón decidió mantener las escuchas al tener indicios de que Correa y su lugarteniente Pablo Crespo no iban a cejar en su empeño, y era factible que transmitieran informaciones a través de los nuevos letrados, incluso sin que éstos fueran conscientes de que les estaban utilizando. Garzón precisó que esa técnica es muy utilizada por las redes del crimen organizado. Posteriormente, y a instancias del fiscal, ordenó expurgar las conversaciones que afectaban a la estrategia de defensa.
A preguntas del juez Barreiro, Garzón dijo que ordenó las escuchas al amparo de la Ley Penitenciaria -que exige la autorización judicial y para casos de terrorismo- porque los imputados estaban en un centro penitenciario. Pero también citó "los demás artículos de pertinente y general aplicación", entre los cuales está el 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , que no excluyen las escuchas en prisión.
El imputado no contestó a las preguntas de los abogados de la acusación, entre los que estaban sus antiguos compañeros, el ex juez José Antonio Choclán y el ex fiscal Ignacio Peláez. A la salida, Peláez se quejó de que el Colegio de Madrid no apoye su querella.
