Alarte exige elecciones anticipadas
El líder socialista reclama a Camps la dimisión como "último acto de dignidad"Alarte y Luna ven refrendadas sus denuncias y alertan de un deterioro institucional
La situación exige una catarsis y no una larga agonía como la que se vislumbra tras la reacción inicial del PP. Así lo planteó ayer el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, tras la decisión del Tribunal Supremo de reabrir en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el procedimiento por cohecho contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres altos cargos por los regalos de trajes que recibieron de la trama de corrupción del caso Gürtel. "La gravísima crisis de legitimidad institucional y de funcionamiento de todas nuestras instituciones", dijo el líder del PSPV-PSOE, no tiene más respuesta política que "la disolución inmediata de las Cortes Valencianas, la convocatoria de elecciones anticipadas y la retirada de la vida pública del presidente Camps y de todos cuantos han participado en la trama Gürtel".
Alarte, que volvió con toda celeridad de Madrid, donde asistió a una reunión en la que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, explicó a los dirigentes territoriales del PSOE el duro ajuste económico anunciado ayer, compareció en rueda de prensa en la sede de su partido junto al portavoz parlamentario socialista, Ángel Luna, para reclamar a Camps "un último acto de dignidad", consistente en la convocatoria urgente de un pleno de las Cortes para dar explicaciones políticas y presentar la dimisión. "Que no dimita entre los suyos, en un acto de autobombo y propaganda, como siempre", añadió, aunque los socialistas confían poco en que el presidente asuma de una manera inmediata las "consecuencias políticas" del escándalo de corrupción que, desde hace más de un año, afecta a su Gobierno, a la financiación de su partido y a él personalmente.
El PSPV-PSOE reunirá hoy a su comisión ejecutiva para analizar una coyuntura inédita, como es la de un presidente imputado y a un paso de sentarse en el banquillo, un Consell bajo investigación judicial por amañar contratos con una trama de corrupción y un partido bajo sospecha de haberse financiado ilegalmente.Alarte apeló durante su intervención directamente al PP, al que urgió a tomar "decisiones valientes" y "anteponer los intereses de los valencianos y las valencianas a los de un imputado por graves delitos". Y fue más allá, con un llamamiento a la responsabilidad de "todos los militantes decentes del PP, de todos los dirigentes, concejales, alcaldes y diputados, de todos cuantos forman y constituyen el Partido Popular en esta Comunidad y no son parte de la trama Gürtel" para que exijan "más democracia".
"Tras meses de mentiras, de decir que no existía Gürtel", prosiguió el dirigente socialista, "es el más alto tribunal español el que ha considerado que Camps debe volver a estar imputado". La trama de corrupción, aseguró Alarte, "se montó, cada día parece más evidente, para hacer trampas en las elecciones, al igual que la actual dirección, y la anterior y la anterior, de Ràdio Televisió Valenciana". El secretario general del PSPV-PSOE concluyó: "Gürtel y Canal 9 no pueden seguir determinando el futuro de la Comunidad Valenciana".
El punto de inflexión que marca la decisión del Tribunal Supremo supone un éxito para la línea de compromiso en la denuncia de la corrupción que ha mantenido el partido bajo la dirección de Alarte. Una tarea de la que ha sido protagonista público el portavoz parlamentario de los socialistas, Ángel Luna, que acompañaba a Alarte en la conferencia de prensa y a quien se refirió el líder del PSPV-PSOE cuando recordó que mañana se debate en una comisión de la Cámara autonómica una reprobación contra él, al igual que se debatirá otra en el pleno de la semana que viene, ambas promovidas desde la mayoría de que dispone el PP. "Mañana lo reprobarán por defender la dignidad, el Estado de derecho y el dinero de los valencianos y valencianas. ¿La siguiente reprobación contra quién será? ¿Contra los magistrados del Tribunal Supremo de España?", se preguntó.
La ejecutiva del PSPV estudiará hoy el panorama que se abre en la política valenciana. Fuentes de la dirección del partido señalaban ayer que el calvario judicial que espera a Camps por el caso de los trajes recibidos de la trama corrupta se solapará con los resultados de la investigación que lleva a cabo el juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que instruye el grueso del caso Gürtel. En ambos procedimientos están personados los socialistas valencianos como acusación popular.
Alarte insistió en la comparecencia ante los medios en que existe una alternativa "honesta y democrática" a la grave crisis institucional. Los estrategas del PSPV-PSOE prevén un periodo de deterioro progresivo de la vida institucional valenciana que no descartan que sitúe a Camps ante la necesidad de tirar la toalla. Por ello, el secretario general insistirá hoy en desarrollar la alternativa programática que adelantó el martes, con la presentación de un ambicioso programa de reforma de la economía valenciana. Mantener el pulso de la denuncia parlamentaria, insistir en la explicación de las alternativas y actuar judicialmente para que se depuren responsabilidades por la corrupción serán las líneas de la actuación de Alarte. "La dinámica endiablada en la que se ha colocado Camps le va a llevar a una larga agonía, una situación insostenible a medio plazo", resumió un dirigente.
Cronología del 'caso Camps'
- 18 de febrero de 2009: La Fiscalía Anticorrupción entrega al juez Baltasar Garzón, que instruye el caso Gürtel, un informe en el que concluye que el presidente de la Generalitat valenciana está implicado en la trama de corrupción masiva que dirigió Francisco Correa durante una década a la sombra del PP para conseguir contratos de la Administración, blanquear dinero y, presuntamente, financiar de forma irregular al PP. Y pide al juez que se inhiba en favor del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJ). El informe alude al pago en trajes por un valor de al menos 7.393 euros para Camps.
- 19 de febrero: Camps, conmocionado por la noticia, moviliza a toda la cúpula del PP, se apunta a la teoría de la conspiración y denuncia que se trata de "un proceso abierto contra un partido político".
- 5 de marzo: El juez Garzón accede a la petición del PP y de la fiscalía de inhibirse a favor del TSJ valenciano para que sea esta instancia la que investigue los presuntos delitos de cohecho (soborno), tráfico de influencias y falsedad contra Camps, además de contra Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano, Víctor Campos, ex vicepresidente del Consell, y Rafael Betoret, jefe de protocolo de la Diputación de Valencia y en su día jefe de gabinete de Turismo.
- 14 de abril: La Fiscalía Anticorrupción pide al TSJ valenciano que tome declaración a Camps y a Costa, para profundizar en la investigación.
- 21 de abril: El TSJ acepta investigar sólo el supuesto cohecho. El magistrado de la Sala de Lo Civil y Penal José Flors, ponente del auto del TSJ, será el juez instructor de la causa.
- 5 de mayo: Mariano Rajoy suspende de militancia a los principales miembros del PP implicados en el caso Gürtel, menos a Bárcenas y a los salpicados por la trama en la Comunidad Valenciana.
- 20 de mayo: Camps acude a declarar en la sede del TSJ de Valencia ante Flors. Se presenta sin pruebas, es decir, sin las facturas que acreditaran el pago de los trajes. Y explica que los pagó, pero en metálico y sin guardar comprobantes. Ese mismo día, El Bigotes declara que es amigo de Camps y que le ha hecho regalos pero negó que fueran en pago a beneficio alguno.
- 21 de mayo: El sastre José Tomás ratifica ante Flors su declaración ante Garzón. Los políticos valencianos nunca pagaron los trajes en las tiendas. Siempre los abonó Pablo Crespo en efectivo o a través de Orange Market.
- 1 de junio: José Flors admite la personación del PSPV-PSOE en la causa pero sólo por el supuesto delito de cohecho pasivo impropio.
- 6 de julio: Flors imputa a Camps en un auto que habla de "indicios racionales suficientes" de cohecho impropio.
- 30 de julio: El juez del TSJ de Madrid Antonio Pedreira remite al TSJ valenciano la parte por investigar del caso Camps. Quiere que se instruya la causa tanto de las personas que dieron como de las que recibieron regalos. El TSJ también recibe el informe de la policía judicial que recoge indicios de financiación irregular del PP.
- 3 de agosto: Sin estudiar estos documentos dos de los tres magistrados del TSJ valenciano archivan la causa al entender que la trama corrupta pagó los trajes de los políticos pero que los regalos no guardan relación con sus cargos.
- 28 de septiembre: El PSPV recurre la causa porque la interpretación del TSJ del delito en cuestión era "irrazonable y arbitraria".
- 1 de octubre: La fiscalía recurre ante el Tribunal Supremo pues entiende que el archivo se basa en una interpretación errónea del artículo 246 del Código Penal, el que recoge el delito de cohecho pasivo impropio.
- 6 de abril de 2010: Se abre el secreto de sumario que instruye Pedreira, el del caso Gürtel, lo que permite conocer con detalle las implicaciones de la trama con el PP y la presunta financiación ilegal del partido.
- 12 de mayo: El Tribunal Supremo acuerda por unanimidad de sus cinco miembros aceptar los recursos interpuestos por el ministerio fiscal y por el PSPV contra el auto del TSJ por el que se sobreseyó la causa en contra de la opinión del juez instructor. Y es precisamente este magistrado, José Flors, quien continuará la tramitación de la causa que inició un año antes.
