La última puntilla
Un jarro de agua fría para rematar la faena. La Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial, por unanimidad de sus cinco miembros (dos conservadores, dos progresistas y el presidente), aplazó ayer su decisión sobre la solicitud de Garzón de trasladarse en comisión de servicio al Tribunal de La Haya. Todos los vocales acordaron pedir numerosos informes antes de decidir si otorgan a Garzón el permiso para irse a trabajar como asesor de la Corte Penal Internacional.
El resto de los vocales del sector progresista, que creían que había un acuerdo previo para que se autorizase a Garzón a trabajar en la Corte Penal Internacional, no entendieron las nuevas exigencias. Algunos culparon a la vocal progresista Almudena Lastra, que avaló que se pidieran hasta cinco informes sobre Garzón a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, a la Sala del Supremo que va a juzgar a Garzón por los crímenes del franquismo, al Fiscal General del Estado, al Ministerio de Asuntos Exteriores, "participándoles el contenido del acuerdo de suspensión del juez" y al secretario general del Consejo. Estos trámites ponen en cuestión el futuro profesional de Garzón.
