La Xunta tiene pendientes 200 órdenes irrevocables de derribo
Los Presupuestos autonómicos reservan 600.000 euros para demoliciones
La Xunta de Galicia tiene mucho trabajo que hacer con la piqueta. A la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) se le acumulan más de 200 órdenes de derribo. Algunos de los expedientes más polémicos están vinculados directamente con dirigentes del PP.
Esta acumulación de trabajo viene de la labor que realizó Hipólito Pérez al frente de esta agencia independiente antes de ser destituido por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, que desposeyó a la agencia de algunas de sus competencias.
Antes de que el bipartito la pusiera en marcha, durante décadas, enormes edificios construidos en lugares donde no deberían estar habían sobrevivido gracias a la vista gorda de distintas administraciones. Hasta 2007, sólo se produjo un derribo en toda Galicia. En sólo dos años, la APLU ejecutó 42 órdenes de demolición.
Ahora la Xunta tendrá que hacer lo propio con hoteles, naves y tanatorios construidos irregularmente en terrenos protegidos. En las semanas anteriores a su cese, previa modificación de los estatutos de la agencia, Hipólito Pérez estampó su firma sobre algunos de los expedientes más polémicos.
Cada vez que se le pregunta a Feijóo por la retirada de estas competencias repite que sus presupuestos reservan 600.000 euros para que la piqueta siga haciendo su trabajo.
Los expedientes acumulados están confeccionados por los que antes trabajaban para Alberto Núñez Feijóo en su etapa como conselleiro de Política Territorial, de los que se valió el bipartito para crear la Axencia blindando sus competencias para que fuese completamente independiente. Tanto, que incluso inició un expediente contra Pachi Vázquez, entonces conselleiro de Medio Ambiente.
Entre los edificios que deben ser derribados, está por ejemplo uno a los pies de Cabo Silleiro, donde sólo falta un fallo para determinar a quién corresponde demoler el Hotel Talaso Atlántico. También hay 52 chalés de envidiables vistas en O Grove, siempre que la APLU decida ratificar la orden firmada por el anterior equipo. El tanatorio de Pompas Fúnebres en Pontevedra o la residencia que la Fundación San Rosendo pretendió levantar en Arteixo son otros de los inmuebles amenazados.
