Despido más barato, pero menos fácil

Han sido meses de desencuentros, de pasos en falso y, sobre todo, de dilaciones. Pero en la recta final de la reforma laboral, el Gobierno se ha vuelto estratega, justo cuando el margen de maniobra es más estrecho. Empeñado en seguir negociando con patronal y sindicatos hasta el momento de presentar su proyecto, el Ejecutivo ha perfilado unos cambios en la regulación del despido que pretenden contentar por igual -y quizá también disgustar por igual-, a trabajadores y empresarios.

Aunque resulte ya demasiado tarde para granjearse las simpatías de los agentes sociales, el Gobierno podrá argumentar al menos que intentó buscar un camino intermedio entre las peticiones de CEOE y las de UGT y Comisiones Obreras. Las partes se han dado una última oportunidad para llegar a un acuerdo el próximo miércoles.

En el despido empieza y acaba una reforma laboral que se ha demorado más de cuatro meses en negociaciones formales y casi dos años en contactos. Los negociadores del Gobierno buscan equilibrar la propuesta final. Se facilitarán los despidos por causas económicas, con indemnización de 20 días por año trabajado frente a los 45 del despido improcedente, pero también se dificultará el acceso al llamado despido exprés, según explican fuentes cercanas a la negociación. Esa fórmula, vigente desde 2002, permite a las empresas olvidarse del trámite judicial si en las 48 horas siguientes a la salida del trabajador depositan la indemnización aplicable al despido improcedente. Aunque resulte más costoso, el 80% de los despidos se tramitan por esa vía, presentándose como despidos disciplinarios, incluso si responden a causas económicas.

El freno consistiría en cortar para esos supuestos la financiación del despido que la reforma laboral pretende poner en marcha a través de un fondo específico. Si se engrosa un fondo con aportaciones empresariales para financiar los eventuales despidos, se podría vetar esa financiación para los improcedentes por motivos disciplinarios, la vía rápida por la que ahora se resuelve la mayoría. Eso disuadiría al empresario de emplearla y haría más atractiva la opción del despido objetivo, sobre todo si se acotan los supuestos en que el juzgado puede rechazarlo.

Además de en el contenido, el Gobierno está empleando buenas dosis de estrategia en las formas. En primer lugar, se resiste a dar por finiquitada la negociación hasta el minuto antes de presentar su decreto. Con esa actitud pretende una imagen dialogante y, de paso, retrasa la preparación de una eventual huelga general. Los sindicatos han anunciado que la convocarán si hay un decreto lesivo para los trabajadores. Pero cuanto más tarde en conocerse ese texto, menos tiempo tendrán para organizarla antes de julio, como pretenden CC OO y UGT. Entretanto, el Gobierno podrá medir el descontento popular con la huelga de funcionarios convocada para el próximo martes, justo un día antes de la que se supone será la última reunión del diálogo social. El desenlace de esta tragicomedia laboral estará entonces más claro.