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Un 20% de 'mordida' por obra en Baleares

El 'caso Bomsai' descubre las prácticas del empresario Jaime Fluxá para conseguir contratos de la Administración a cambio de comisiones ilegales

El empresario Jaime Fluxá, ex candidato europeo de Unió Mallorquina, cobraba en comisiones hasta el 20% de los negocios que facilitaba, una parte de ellos relacionados con Administraciones públicas, gracias a su "asesoramiento comercial".

Fluxá se convirtió en personaje público al destaparse el caso Bomsai, un escándalo vinculado a la corrupción política relacionado con el cobro de comisiones ilegales a cambio de intermediar para la adjudicación de las obras de construcción de dos edificios públicos que sirvieron para albergar el parque de bomberos y la sede de la Consejería de Salud y Consumo del Gobierno balear.

Fluxá, según el sumario de la investigación judicial al que ha tenido acceso EL PAÍS, cobró 120.000 euros por presentar al anterior Gobierno balear -presidido por Jaume Matas- a un banco de inversiones, Atlas Capital, que se encargó de tutelar el concurso para adjudicar los trabajos y del control financiero de esas obras públicas. Por esa tarea cobró 600.000 euros, el 1,8% del coste total de los dos proyectos.

El comisionista no pagaba a Hacienda pero recibía subvenciones
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Cuando la policía fue a detener al empresario Fluxá, halló en su despacho comercial tarjetas, anotaciones y cartas con sus contactos, entre los que había nombres de políticos con responsabilidades de gobierno y gestores de grandes empresas, tanto públicas (AENA) como privadas.

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Al ser detenido, el pasado 14 de mayo, el empresario se declaró "insolvente y embargado en multitud de ocasiones". Fluxá confesó "que no pagaba a Hacienda", aun cuando recibía subvenciones para sus promociones culturales en Pollença, algo vetado a los que incumplen con sus obligaciones fiscales.

Fluxá guarda parte de su dinero en paraísos fiscales, según la investigación: Qatar, Abu Dabi, Barbados, Panamá, y en especial Suiza, de donde iba y venía con sus fondos. La policía le intervino la contabilidad, parte de ella escondida en los servicios de su oficina, y las agendas personales de una década.

Carmen Sampol, consejera delegada de una empresa que consiguió uno de los contratos de obras del parque de bomberos, declaró a la policía que la comisión de pago obligatorio al Banco de Inversiones Atlas Capital era una "una salvajada".

Federico Rodríguez, gerente de JPB, otra concesionaria de los trabajos, consideró la comisión fijada para Atlas Capital "una barbaridad de unos caraduras". Fluxá reconoce que él cobraba por dar la cara: "Yo únicamente les presenté" [Atlas al Gobierno balear]. La policía y Hacienda sostienen que además de los 120.000 euros que Fluxá cobró de Atlas, el comisionista también cobró cantidades que oscilan entre los 350.000 euros de la constructora San José hasta los 15.000 de una ingeniería. Del edificio del parque de bomberos de Palma, Fluxá percibió también 83.000 euros de un suministrador.

Al levantarse el secreto del caso Bomsai se ha conocido el rastro del comisionista, su intervención en la adjudicación de millonarios proyectos como la autopista Inca-Sa Pobla o la estación central de trenes y del metro de Palma. También trató con el Gobierno de Matas y con grandes empresas sobre dos grandes proyectos en ejecución: el hospital de Palma y el Palacio de Congresos.

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