El PP cree que la actuación policial fue "desproporcionada"
Los principales dirigentes valencianos del PP insistieron ayer en calificar de "desproporcionada" la actuación de la policía realizada el pasado martes, durante la que fueron detenidos el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y tres concejales de Orihuela.
La alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, aseguró ayer que "no hacía falta realizar un registro durante nueve horas para conseguir unos expedientes que son públicos y transparentes". Lorente, que argumentó que los ediles detenidos, Manuel Abadía, Antonio Rodríguez Murcia y Ginés Sánchez estaban "tranquilos y dispuestos a colaborar en todo momento", explicó que todo podría haber sido más sencillo si los requerimientos de información se hubiesen hecho por vía ordinaria.
Mónica Llorente: "Por la vía ordinaria todo hubiese sido más sencillo"
"Se habría trasladado toda la información y los concejales habrían acudido a declarar al juzgado tal y como van a hacer este viernes", indicó la alcaldesa.
En el mismo sentido se pronunciaron los distintos cargos valencianos del PP. El secretario regional del partido, Antonio Clemente, consideró "inaudito tener detenido al presidente de la Diputación de Alicante cinco horas en comisaría para luego ser interrogado por la misma policía durante diez minutos". "Este espectáculo se podría haber evitado si el objetivo no hubiera sido crear alarma", sentenció Clemente.
El consejero de Ciudadanía y portavoz parlamentario, Rafael Blasco, fue un poco más allá al acusar al PSOE de hacer "un uso mísero de las instituciones del Estado para perjudicar al PP". Para Blasco, la operación policial "fue una campaña de dimensiones desproporcionadas, con una parafernalia y un despliegue innecesario con el que sólo se buscaba garantizar el efecto mediático".
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, como hiciera el día anterior el vicesecretario general de Comunicación del PP nacional, Esteban González Pons, afirmó: "El ministro del Interior tendrá que dar muchas explicaciones de por qué se trata así a un político después de estar detenido doce horas y luego liberado sin cargos o por lo menos, sin que se sepan".
Para Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, también el modo en el que se organizó la operación policial fue reprobable. Castedo señaló: "Quiero saber si tengo que estar preparada para la próxima intervención en plan película en el Ayuntamiento de Alicante, porque no permitiré una imagen así en mi ciudad".
Bajo el discurso monocorde de los principales cargos populares, fuentes del partido no ocultaban el malestar existente en Alicante por el hecho de que el vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, tuviese conocimiento de la operación policial un día antes de que se produjese y lo comentase con varios miembros del PP. En este contexto, los populares están hoy a la expectativa de lo que suceda tras la declaración de Ripoll en el juzgado.
