La mejor opción

El Banco de España ha tomado la mejor decisión al aprobar la venta de la caja andaluza Cajasur, quebrada bajo la dirección del cabildo eclesiástico cordobés, a la caja vizcaína BBK. Hay sobradas razones que explican esta adjudicación, desde la evidente fortaleza de la caja vizcaína -es la más solvente de España- hasta el mínimo coste esperado de la reflotación de Cajasur -apenas 400 millones de euros- respecto al de la crisis de Caja Castilla La Mancha, 10 veces más costosa para el erario público. Además, es una ventaja el que la BBK vaya a inaugurar con Cajasur la fórmula de colocar los activos financieros de una caja en un banco, separándolos de las funciones de representación institucional y obra social, tal como lo permite la nueva Ley de Cajas. En términos de racionalidad, la adjudicación de Cajasur resuelve un problema grave para el sistema financiero y demuestra que el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) puede aplicarse con éxito.

Esa racionalidad no ha sido óbice para que se desate una virulenta reacción de las fuerzas políticas autonómicas, que va desde el tibio acatamiento de la Junta de Andalucía hasta los pronunciamientos de aldea que han protagonizado el Partido Andalucista (PA) -se ha declarado "insumiso" a la decisión del Banco de España-, o los sindicatos CC OO y UGT de Andalucía, que se han descolgado pidiendo al Gobierno que intervenga para "corregir" la decisión del FROB. Tales posiciones demuestran que la reforma de las cajas tropieza en España con una visión fragmentaria del mercado financiero, que concibe las autonomías como virreinatos económicos servidos por cajas, dominadas por las fuerzas políticas regionales, como ventanillas exclusivas donde se obtiene crédito fácil.

Pero el crash financiero y la recesión exigen lo contrario. Las cajas tienen que recapitalizarse y eso no puede hacerse en el ámbito estrecho de los mercados locales, sino en la captación global de capital privado. Y también tienen que enfrentarse a drásticos ajustes de oficinas y empleo después de lustros expuestas -unas más que otras- a la irresponsable financiación de la burbuja inmobiliaria, alentada precisamente por los intereses políticos regionales. Es un síntoma pésimo que los dirigentes políticos y sindicales no perciban con claridad que la tarea principal hoy es ajustarse a la crisis y pensar en un mercado financiero único, y no defender los nichos financieros de campanario.