Debates encorsetados y mítines en videoclips
El afán de los partidos políticos por controlar lo que sale en televisión les ha llevado -al menos al PSOE y al PP- a prohibir que las televisiones metan sus cámaras en los mítines. En periodos electorales, los jefes de campaña eligen las imágenes de los candidatos, las editan y las rebotan por satélite a los canales para que las emitan tal cual. Las sirven enlatadas y todas las cadenas se ven obligadas a lanzar los mismos mensajes. Las asociaciones de periodistas han rechazado este tipo de coberturas audiovisuales, "más próximas a la propaganda que a la información". Opinan que las crónicas de los mítines han sido sustituidas por videoclips.
Para las televisiones, la cesión de las imágenes facilita el trabajo y ahorra costes, pero les impide mostrar planos distintos de los que sirven los partidos. La misma técnica aplican los grupos parlamentarios a los debates en el Congreso o el Senado, que ofrecen una señal institucional para todas las televisiones.
El control se extiende también a las entrevistas y debates televisados. Los dos cara a cara entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy durante la campaña para las elecciones generales de 2008 estuvieron sujetos a medio centenar de condiciones. PP y PSOE encorsetaron el debate y lo pactaron prácticamente todo: desde los temas a tratar, hasta el tiempo de cada intervención, pasando por cuestiones de infraestructura como la altura de la mesa, el modelo de las sillas, el enfoque de planos o la ubicación de los monitores. Y, por supuesto, el nombre de los moderadores, convertidos en meros cronometradores.
Los partidos han puesto también de moda las conferencias de prensa sin preguntas y la distribución a los medios de vídeos con declaraciones a la carta.
Las principales organizaciones profesionales ya expresaron durante las elecciones europeas de 2009 su preocupación por "la obligación de emitir propaganda electoral encubierta como si fuera información". Y no descartaron llevar a Bruselas o al Tribunal de Estrasburgo la obligación de emitir bloques electorales, algo que "no existe en ningún país del mundo".
