Los colectivos sociales piden responsabilidad a las autoridades
Las ONG Andalucía Acoge, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) y Unicef pidieron ayer a las Administraciones que se responsabilicen de garantizar los derechos de los menores extranjeros no acompañados (MENA). Así reaccionaron a la acusación que lanzó la Junta al Gobierno de Canarias, en la que la Consejería de Igualdad reprobaba el envío presuntamente irregular de inmigrantes marroquíes a sus centros de menores.
El coordinador de Inmigración de la Asociación Pro Derechos Humanos, Carlos Arce, tildó las declaraciones de Navarro de "radicalmente alucinantes porque ignoran la protección del menor y fomentan una imagen de que éste representa una carga".
Andalucía Acoge prefirió centrar el debate en el sistema público de protección. Su portavoz, Mikel Araguas, consideró que "no es de recibo que haya discordia" entre las comunidades autónomas que tienen que asumir la responsabilidad. Su política, señaló, "no puede ser la de recortar los derechos de un menor".
Unicef se pronunció en términos similares, sin llegar a abordar la discusión concreta entre Canarias y Andalucía. Se ciñó a recordar que el Estado español debe coordinarse con las comunidades autónomas. "Antes que inmigrantes, son niños", reclamó su portavoz Marta Arias.
La ONG también advirtió de que en España la situación de estos niños "se conoce y se habla poco" porque "no hay una cifra oficial" de los menores extranjeros que están tutelados por las Administraciones. La representante de Unicef indicó que se ha puesto en contacto con la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración para determinar cómo se va a regular la situación de este colectivo en el nuevo reglamento de extranjería.
