Feijóo impone por ley la figura de los 'superdelegados' territoriales
Feijóo presenta un proyecto de ley para reducir la 'Administración paralela'
Fue una de las grandes novedades del Gobierno de Feijóo y quedará consagrada por ley. La creación de los superdelegados territoriales, que aglutinaron en un solo cargo a los delegados provinciales de las distintas consellerías, es una de las novedades del anteproyecto de Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General y el Sector Público, que ayer aprobó el Consello de la Xunta. Tal y como se estableció en el decreto de creación, motivado en la necesidad de adelgazar la Administración y contribuir a la austeridad en el gasto público, los superdelegados tendrán rango de director general. Pero el texto legislativo, que ahora se trasladará al Parlamento, esquiva el extremo más conflictivo de su creación, el del ámbito territorial que abarcarán los representantes de la Xunta, que motivó una manifestación en Pontevedra contra la creación de la plaza de Vigo.
Los empleados fijos de los entes podrán integrarse como personal de la Xunta
El Gobierno gallego inyecta 730.000 euros más en la Semana Verde
El artículo que define la figura del delegado territorial le concede competencias sobre "ámbitos territoriales inferiores al de la Comunidad Autónoma de Galicia", sin mencionar su coincidencia o no con las provincias. En ese nuevo órgano se integrarán todas las unidades administrativas de la Administración general "en el correspondiente ámbito territorial en la forma en que se determine reglamentariamente". Será por tanto el desarrollo posterior de la ley el que aborde el espinoso asunto de Vigo, cuyo rango -las consellerías representadas- se rebajó tras las protestas en la capital pontevedresa.
Las superdelegaciones dependerán administrativamente de la Consellería de Presidencia y Administraciones Públicas, la impulsora de la nueva ley, aunque "también podrán recibir directrices e instrucciones procedentes de otras consellerías desde sus respectivos ámbitos competenciales". Los delegados representarán a la Xunta, mantendrán relaciones de cooperación y coordinación con las restantes administraciones y gestionarán los servicios compartidos. Serán también los órganos de contratación en su territorio. En cada delegación territorial, bajo la dependencia orgánica de los superdelegados, existirá una secretaría territorial con nivel orgánico de subdirección general, así como jefaturas territoriales que dependerán orgánica y funcionalmente de cada consellería.
En la presentación ayer del anteproyecto, tras la reunión del Consello, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, incidió exclusivamente en la reorganización de la denominada Administración paralela, constituida por entes públicos de diverso tipo dependientes del Gobierno gallego. Según el presidente, se trata de lograr una gestión pública "más transparente y profesionalizada que reduzca el gasto". Así, Feijóo afirmó que la ley definirá "por primera vez, los únicos entes que podrán existir". Serán seis únicas categorías: organismos autónomos, agencias públicas autonómicas, entidades públicas empresariales, consorcios autonómicos, sociedades mercantiles públicas autonómicas y fundaciones del sector público autonómico. "Y a partir de ahí, no puede haber nada más", destacó Feijóo.
El anteproyecto reduce la retribución máxima que puede percibir el personal de alta dirección y establece nuevos mecanismos de control de las consellerías respecto de la contratación de las entidades que dependen de ellas. La normativa, pactada con UGT, Comisiones Obreras y CSIF, habilita al Consello de la Xunta para integrar progresivamente como personal laboral fijo de la Xunta a los empleados de organismos autónomos que ya disponen de esa categoría. Garantiza además los principios de mérito, publicidad, capacidad y concurrencia en el acceso al empleo público en ese tipo de entidades.
Dos de los entes que se verán afectados por la ley serán la Fundación Semana Verde de Lalín y CRTVG. Respecto a la primera, Feijóo anunció ayer la inyección de otros 730.000 euros de la Xunta para paliar la ruinosa situación de la entidad creada en tiempos de Fraga, víctima de una desastrosa gestión que la llevó a borde de la bancarrota y que obligó al Gobierno bipartito a tomar el control de la feria. El presidente también se refirió al "bloqueo" de las oposiciones en TVG, del que culpó a oposición y comité de empresa.
