La Generalitat asume que tendrá que apretarse el cinturón en 2011
AVE estima que los ingresos públicos han caído hasta el 20% por la crisis
Gerardo Camps, consejero de Economía y Hacienda, asumió ayer que la Generalitat tendrá que apretarse el cinturón al elaborar los presupuestos autonómicos para 2011. "Si bajan los ingresos y el gasto social se tiene que mantener o incrementar, es inevitable tener que reducir los gastos que nos quedan, es decir, el gasto corriente", aseveró el responsable de las arcas públicas.
La Generalitat está obligada a subir las partidas para financiar la sanidad, la educación o los servicios sociales. "Es necesario realizar ese esfuerzo y seguir aumentando el gasto social", confesó Camps. A pesar del continuo aumento, año tras año, el gasto el Servicio Valenciano de Salud es deficitario. Tanto que la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), la patronal provincial de Valencia, llama abiertamente desde hace meses a la implantación del copago sanitario, aunque sea con carácter meramente disuasorio, para intentar contener un gasto desbocado.
Rambla dice que la caída de ingresos provoca "desajustes" en los pagos
El responsable de Hacienda fue muy explícito: "Las necesidades que tenemos siguen siendo muchas y las posibilidades de poder atenderlas van mermando en función de la crisis económica que estamos atravesando a nivel nacional e internacional".
El escenario para elaborar los presupuestos es más complejo que nunca. Gerardo Camps explicó: "Para el año que viene, las entregas a cuenta que va a hacer la Administración General del Estado a la Generalitat descienden en 684 millones de euros. La Comunidad Valenciana va a recibir menos fondos europeos porque dejamos de ser región Objetivo 1. Y los tributos que gestiona la Generalitat han tenido también caídas importantes. En definitiva, nos bajan los ingresos".
Los ingresos públicos han venido bajando desde hace tres años, pero, hasta la fecha, la Generalitat se permitía el lujo de atribuir a la mala planificación del Gobierno los reingresos de adelantos a cuenta del Estado.
Gerardo Camps reiteró que la Generalitat no tiene previsto subir los impuestos en la escala autonómica, pero el tono de su extensa nota anticipa una severidad en la elaboración de los presupuestos desconocida hasta la fecha.
El responsable de Hacienda sostiene que la Generalitat "está recortando los gastos corrientes en un 5%" y que "han descendido un 35% las transferencias a terceros" en virtud del plan de austeridad que anunció hace un año. También recurre al presente continuo para deslizar que "se está llevando a cabo una reducción del sector público y fundacional de la Generalitat en un 25%".
La tarea para reducir el sector público todavía no ha dado frutos perceptibles pero es tan necesaria que el propio Jorge Alarte, secretario general de los socialistas valencianos, la airea desde hace meses como una de las claves de su programa económico para las próximas elecciones autonómicas.
Proveedores
La llamada a la austeridad de Gerardo Camps coincide con un creciente clamor de los proveedores de la Generalitat, quienes reclaman cada vez con más ahínco el pago de las deudas pendientes por servicios prestados. Fecoval, la federación de contratistas de obra pública, mantuvo una tensa polémica al respecto con Mario Flores, consejero de Infraestructuras, a lo largo de la semana pasada.
Vicente Rambla, vicepresidente y consejero de Industria, templó gaitas ayer antes de un almuerzo con la cúpula de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), a quienes expuso las líneas generales de la Estrategia de Política Industrial que intenta pactar con patronal y sindicatos para establecer las prioridades de un nuevo modelo económico sostenible y eficiente. Rambla recordó que "el conjunto de las administraciones públicas sufre una merma de ingresos" derivada de la caída de la actividad económica que provoca "desajustes" en las cajas públicas.
Francisco Pons, presidente de AVE, tiró un capote al vicepresidente cuando sentenció: "La Generalitat es consciente de que debe pagar en tiempo y forma". Y asumió que los "desajustes" en el pago a proveedores son comprensibles: "Si los ingresos de las administraciones públicas se reducen entre un 15% y un 20%, es lógico que tengan problemas para pagar". "Si esos desajustes se producen, hay que trabajar para resolver los problemas", añadió Pons en tono diplomático.
