Los alcaldes del PSPV exigen que se pare el vertedero de La Vega Baja

Los nueve alcaldes socialistas en la comarca de la Vega Baja exigieron ayer la paralización "inmediata" de las obras de construcción de la planta de residuos del plan zonal XVII, cuya adjudicación es investigada por un juez de Orihuela dentro del caso Brugal. Los alcaldes presentaron en la sede de la Diputación de Alicante en Rojales la petición de una convocatoria de un pleno extraordinario. Pero el presidente del organismo, José Joaquín Ripoll, ya ha convocado, por sorpresa, a los 27 alcaldes de la zona a una sesión extraordinaria para este viernes.

Los socialistas requieren la comparecencia de "todos los técnicos" para que informen sobre el proceso de adjudicación, que resultó favorable a la unión temporal de empresas (UTE) Cepsa-Ortiz. Para los socialistas, los hechos descubiertos a raíz del caso Brugal constatan los indicios de "irregularidad" que ya tenían cuando votaron que "no" al tercer cambio de ubicación de la planta de residuos de la finca Lo Cartagena a La Pistola, en la pedanía oriolana de Torremendo.

El alcalde de Bigastro, Raúl Valerio, lamentó que confiaran en Ripoll, y en la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, en el momento de la primera adjudicación a la UTE Cepsa-Ortiz. Ahora están "sorprendidos" porque la finca elegida para el vertedero pertenece a Ángel Fenoll, también imputado en el caso. "Si de algo somos culpables es de haber confiado en la actuación política", dijo Valerio, que se siente "engañado" por Ripoll.