Companys sigue condenado
Resumen del capítulo anterior: cuando, con una demora de tres décadas, la actual democracia española se decidió por fin a promulgar una Ley de la Memoria Histórica, el socialismo gobernante no quiso que la citada ley conllevase la nulidad de las condenas dictadas por los consejos de guerra y otros tribunales franquistas, arguyendo que ello podría crear "inseguridad jurídica". Así, pues, la conocida como Ley 52/2007 se limita a declarar aquellas sentencias "injustas" e "ilegítimas", lo cual otorga a las víctimas o a sus descendientes una reparación moral, pero no tiene consecuencias revocatorias.
En vista de ello, la Generalitat decidió ladear la alicorta Ley de la Memoria Histórica y, el 15 de octubre de 2009, a instancias del Parlament, el Gobierno de Montilla anunció solemnemente que pondría todo su empeño en conseguir la anulación expresa de la condena a muerte contra Lluís Companys, símbolo y paradigma de todos los demás fusilados y perseguidos por la dictadura en Cataluña. ¿Cómo? Del único modo posible: instando a la Fiscalía General del Estado a plantear ante el Tribunal Supremo un recurso de revisión de esa condena. Medio año después, a finales del pasado mes de marzo, la Junta de Fiscales de Sala del Supremo rechazaba por "improcedente" la petición del Ejecutivo catalán, con el falaz argumento de que todas las sentencias condenatorias de la represión franquista ya estaban anuladas por la Ley de la Memoria Histórica.
Gobernantes y legisladores no han llevado la condena de la dictadura hasta sus últimas consecuencias jurídicas
Las novedades del caso son varias. De un lado los tribunales militares territoriales, requeridos en estos meses por hijos o nietos de víctimas a certificar la nulidad de algunas condenas, no han admitido a trámite tales peticiones, remitiendo a los solicitantes a los tibios efectos "reparadores" de la Ley de la Memoria. En el terreno político, dos de los tres socios del tripartito parecen haberse contentado con eso y dan por cerrado el asunto.
No es el caso de Esquerra Republicana. El 8 de septiembre, el diputado Joan Tardà interpelaba en el Congreso al ministro de Justicia acerca del laberinto jurídico-procedimental que el Estado ha puesto en pie para evitar la anulación de las condenas franquistas. Francisco Caamaño respondió atrincherándose en el sofisma de que, "en un sistema democrático, no hay mayor sanción que la declaración de ilegitimidad. (...) Jurídicamente, no existe declaración con más valor en nuestro ordenamiento". Entonces -replicó el diputado Tardà-, si, según el Gobierno, "la ilegitimidad es un plus de sanción frente a la nulidad", la solución no puede ser más simple; modifíquese el artículo 3 de la Ley de la Memoria y que esta recoja explícitamente lo dicho por el ministro: que, siendo ilegítimas, las sentencias de los tribunales represivos de Franco son también "nulas de pleno derecho".
El martes 14, la moción presentada en este último sentido por Esquerra fue objeto de una enmienda-subterfugio por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Subterfugio, porque insistía en el "carácter radicalmente injusto" (que es una categoría moral, no jurídica) de las condenas en general y, en cuanto a la de Companys, sostenía la falsa nulidad sobre el criterio expresado en marzo por la Fiscalía General del Estado, un órgano sin competencias para anular sentencia alguna. Al fin, la nítida moción de ERC -que no se avino a trapicheos- fue rechazada con 312 votos en contra, los del PP, los del PSOE y el de UPyD.
Cuando, dentro de un par de meses, Baltasar Garzón se siente en el banquillo del Tribunal Supremo acusado de prevaricación, muchos de los diputados y hasta ministros socialistas que esta semana votaron contra la moción de Esquerra derramarán lágrimas de cocodrilo y se preguntarán escandalizados cómo es posible que se juzgue a un juez por haber querido investigar los crímenes del franquismo. Cabría recordarles entonces que ellos, gobernantes y legisladores, no han sido capaces de llevar la condena de la dictadura hasta sus últimas consecuencias jurídicas.
Joan B. Culla i Clarà es profesor de Historia Contemporánea de la UAB.
