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Los hospitales prevén medidas "drásticas" si Salud no asegura su financiación

El hospital de Berga decide cerrar camas para ahorrar

A la sanidad concertada catalana, que gestiona el 70% de las camas hospitalarias en la red pública catalana, no le salen las cuentas ni por asomo. Y la crítica situación financiera amenaza con prolongarse. El Servicio Catalán de la Salud (SCS), organismo que contrata con los centros sanitarios la actividad asistencial que reciben los ciudadanos, tampoco alberga esperanzas de mejoría. Y es que el retraso en el pago por estos servicios del Departamento de Salud, cuya titular es Marina Geli, que empezó en mayo, se va a prolongar hasta finales de año, cuando, en principio, se trataba tan solo de una medida coyuntural.

El monto de estos pagos supera los 400 millones de euros mensuales, que ahora se abonan ya a 90 días. Si a ello se suma la rebaja del 3,29% del dinero que la Generalitat ha impuesto a las empresas sanitarias, como consecuencia del plan de austeridad aprobado por el Gobierno central en junio, no es extraño que las tres patronales del sector vislumbren un negro panorama. "Si en enero el nuevo Gobierno catalán no toma medidas estructurales para financiar la sanidad, las medidas que adoptará el sector serán drásticas", advierte Roser Fernández, directora general de la Unión Catalana de Hospitales.Y es que, además de las demoras en el pago de las nóminas y a los proveedores, algunos hospitales como el de Berga (Berguedà) han optado por cortar por lo sano. La dirección del centro Sant Bernabé ya ha comunicado a los sindicatos el cierre de una planta del centro y la reducción del 40% de la actividad de un quirófano al menos hasta el mes de enero. Es una medida, asegura la dirección, de carácter técnico que se adopta para hacer frente a la crisis y que no afectará ni a la actividad sanitaria ni a su calidad. Pero los sindicatos temen que la decisión no sea tan leve como sostiene la dirección y comporte el despido de trabajadores laborales y de suplencias.

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Ni el Servicio Catalán de la Salud ni las tres patronales del sector (Consorcio de Salud y Social, Unió Catalana de Hospitales y la Asociación de Entidades de Salud) apoyan estos contundentes recortes como el acordado por el hospital de Berga. "Me parece una decisión tomada a la brava, cuando otros centros se las ingenian para no rebajar la actividad asistencial. Siempre les aconsejamos y hemos reiterado en muchas ocasiones que la solución pasa por adaptar el gasto al presupuesto", comentan fuentes del Departamento de Salud. "Hay que racionalizar los recursos, tomar medidas de gestión y de prescripción y evitar generar más déficit y endeudamiento. Pero que nunca afecte a los usuarios", añade Roser Fernández.

De momento, lo sucedido en el hospital de Berga es excepcional dentro del sector, pero las patronales advierten de que puede generalizarse si no se resuelve pronto la financiación de los centros concertados. No obstante, el cese de la actividad asistencial no representa una solución, pues justamente los hospitales concertados cobran en función de los servicios que prestan y si estos se reducen la cantidad que ingresan también. Además, su incumplimiento va sujeto a penalizaciones pecuniarias.

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El problema radica en la falta de tesorería del Departamento de Economía y Finanzas, que es el que transfiere el dinero a Salud y este a los centros hospitalarios. Si antes los convenios se pagaban a 75 días -ya de por sí un retraso considerable-, ahora se hace a 90, lo que genera inestabilidad financiera a los hospitales, que se las deben ingeniar para no incrementar su déficit. "Formalmente, cada mes nos comunican qué pasará durante el siguiente. De momento, continúa retrasado. Pero el problema radica en la capacidad de colocación de deuda de la Generalitat", añade Fernández.

La semana próxima se celebrará una reunión entre Economía y Finanzas y el Departamento de Salud para analizar la situación. Aunque nadie ha comunicado oficialmente que el aplazamiento de los pagos se prolongará hasta final de año, todas las fuentes consultadas lo dan como seguro, tanto las patronales como el Servicio Catalán de la Salud. "Vienen cuatro meses muy difíciles", se lamenta Roser Fernández.

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