España logra que Bruselas apruebe ayudas al uso del carbón autóctono

La Comisión Europea autorizó ayer la concesión de compensaciones hasta 2014 a las compañías eléctricas que utilicen carbón autóctono para cumplir con la obligación de seguridad del servicio público. Las compensaciones habían sido fijadas en un Real Decreto del Gobierno español que estaba pendiente desde hace varios meses de la luz verde de Bruselas. Tras la decisión comunitaria, los mineros han abandonado sus encierros en Ariño (Teruel) y Las Cuevas de Velilla del río Carrión (Palencia). También los seis sindicalistas del área de la minería de CC OO y UGT, que se habían encerrado en la sede del Ministerio de Industria, acordaron abandonar su huelga de hambre, aunque seguirán su encierro.

El visto bueno al decreto del carbón levanta ampollas en Galicia

La decisión provoca críticas de las organizaciones ecologistas

La autorización propuesta por Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión Europea y titular de Competencia, ha causado, sin embargo, preocupación en el sector eléctrico. Las eléctricas señalan que el real decreto se adopta en un momento de menor demanda y mayor producción de las energías renovables y supone "una distorsión" en el mercado español de energía, porque supondrá un aumento de las emisiones a la atmósfera y a incrementar los costes de generación.

La aprobación del real decreto también ha levantado ampollas en Galicia y ha sublevado tanto a la Xunta como a socialistas y nacionalistas, que ven peligrar un millar de empleos directos e indirectos vinculados a las dos grandes térmicas gallegas en As Pontes y Cerceda (A Coruña), que emplean carbón importado, informa Elena Bustabad. Para la Xunta es un decreto "decepcionante y perjudicial", porque "ignora y penaliza" a Galicia, "traspasando el problema de unas comunidades a otras". El Gobierno gallego ha anunciado que recurrirá el decreto "con todas las herramientas jurídicas a su alcance".

Endesa y Gas Natural Fenosa invirtieron 460 millones en la última década para adaptar sus centrales a la quema de mineral foráneo (más productivo y menos contaminante) tras agotar las minas de lignito local. La central térmica de As Pontes, con 1.400 megavatios, es la mayor y más eficiente de España, según la compañía.

En sus alegaciones ante la Comisión Europea, España aseguró que se trataba de una medida transitoria necesaria para garantizar la seguridad de suministro de electricidad durante los próximos cuatro años en un país que sigue mal interconectado con otros grandes mercados europeos de electricidad y que tiene una elevada cuota de energías renovables (eólica y solar), cuya producción es altamente intermitente.

Las autoridades españolas se han comprometido en firme ante los responsables comunitarios a no prorrogar el régimen en ningún caso más allá del 31 de diciembre de 2014. No obstante, España podrá ponerle fin antes si ya no resulta necesario en función de las condiciones del mercado. El pasado martes, el día anterior a la autorización, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián mantuvo un encuentro con Joaquín Almunia y el comisario de Energía, Günther Oettinger, para defender los argumentos del Gobierno español, aunque la decisión ya se había tomado anteriormente.

Las directivas de la UE sobre la liberalización de la energía permiten a un Estado miembro imponer a los productores de electricidad unas obligaciones para garantizar la seguridad del servicio público. Esta obligación significa que la producción de electricidad con fuentes de combustión autóctonas puede llegar hasta el 15% del consumo nacional por razones de seguridad de suministro.

Según la Comisión, en el periodo de 2011 a 2014, los volúmenes de electricidad afectados por el real decreto no excederán los 23,4 teravatios por hora, lo que equivale aproximadamente al 9% del consumo nacional. Para los meses que quedan de este año, los volúmenes de electricidad no excederán de 9,6 teravatios, cantidad también inferior al 15% máximo establecido por la directiva comunitaria.

La Comisión Europea asegura que "ha velado por la coherencia entre esta medida y el Reglamento del carbón propuesto el pasado 20 de julio, que en determinadas condiciones permite la concesión de ciertos tipos específicos de ayudas estatales al sector del carbón". Este reglamento se está discutiendo actualmente en el Consejo prevé, según la propuesta de la Comisión que las ayudas finalicen el 1 de octubre de 2014.

La eurodiputada socialista Inés Ayala manifestó ayer su satisfacción. "Esto", dijo, "es una primera batalla ganada, veremos si ahora logramos que el plazo del Reglamento se amplíe hasta 2018 o 2020". El Parlamento alemán ya ha ampliado las ayudas al carbón hasta 2018.

La autorización de Bruselas también ha causado malestar entre las organizaciones medioambientales. Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España, manifestó que la decisión "mina la credibilidad de los compromisos ambientales y energéticos de la Unión Europea". Del Olmo señaló que "la contaminación se verá incrementada, los consumidores pagarán más y las inversiones renovables se retrasarán". Su conclusión es que "la reputación de Europa como líder en energías limpias queda en entredicho".