¿Quién tiene la culpa de los recortes?
De forma adelantada a lo habitual y fuera del Parlamento, ha comenzado el debate sobre los Presupuestos de la Xunta. Lo extraordinario de la coyuntura explica el estallido de una discusión en la que lo técnico y lo político aparecen entrelazados en una enfurtida malla que genera entre los no expertos una sensación que suele combinar pavor y tedio a partes iguales. En lo que sigue, sugiero algunas claves de interpretación sobre el escenario de ingresos que ha presentado esta semana la Consellería de Facenda.
En primer lugar, es verdad que la coyuntura financiera es muy mala. Lo fue en 2009, lo está siendo en 2010 y se mantendrá en 2011 y 2012, al menos. La tarea de presupuestar en estos momentos es de una dificultad extraordinaria en todos los niveles de gobierno. En segundo lugar, el ajuste fiscal que estamos haciendo en España recae de forma muy significativa sobre las comunidades autónomas y el lado del gasto. A mi juicio, y teniendo en cuenta que sanidad, educación o servicios sociales son responsabilidad autonómica, esas dos características van a redundar en un deterioro de los servicios públicos fundamentales del llamado Estado del Bienestar, por más que se pueda mejorar en eficiencia, o posponer algunos gastos.
El descenso de ingresos de la Xunta no tiene que ver con decisiones discrecionales del Gobierno
En tercer lugar, el recorte de ingresos previstos por la Xunta para la comunidad autónoma gallega está calculado con bastante precisión (alrededor de 1.200 millones de euros), pero no tiene que ver con decisiones discrecionales del Gobierno central o tratamientos diferenciales a Galicia. Son resultado de la aplicación de leyes aprobadas en el Parlamento o acuerdos multilaterales en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Casi dos tercios de esos 1.200 millones responden al recorte en la capacidad de la Xunta de emitir deuda. Un recorte aprobado este año en el seno del CPFF. En su momento mantuve que me parecía un mal acuerdo para las comunidades y en especial para Galicia, porque fijar objetivos en términos de porcentaje PIB no es lo más apropiado en el caso español. Pero PP y PSOE españoles asumieron la necesidad de un rápido recorte del déficit y la deuda globales y no pareció que estuviesen muy en desacuerdo con el reparto por niveles de gobierno. En general y tragando saliva, los Gobiernos autónomos de uno u otro signo acabaron asumiendo las directrices a escala estatal. En un país con un funcionamiento político más federal (Canadá, por ejemplo) sin duda habríamos visto mayor oposición de las comunidades en el CPFF al reparto del peso del ajuste, por encima de afinidades ideológicas. En definitiva, el recorte en la capacidad de endeudamiento que ahora nos encorseta es algo que todos aceptamos (o no rechazamos) hace unos meses.
Por lo que respecta al tercio restante, más de lo mismo. En su mayor parte, se refiere a la caída en los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), a la devolución de anticipos correspondientes a años pasados y a la caída en la previsión de ingresos gestionados por la Agencia Tributaria. En cuanto al FCI, la caída es consecuencia de la aplicación de una ley estatal de 1990, muy parcialmente reformada en 2001 (con Aznar en el Gobierno) y que ata este fondo al importe de la inversión territorializada de los Presupuestos Generales del Estado. Si cae esta, cae el FCI. Puede que a uno no le guste la ley (EL PAÍS Galicia, 13-03-2010), pero mientras no se cambie es lo que hay. Sobre la devolución de anticipos, insistiré una vez más en que soy de la opinión de que deberían aplazarse (EL PAÍS Galicia, 24-07-2010). Pero la verdad es que el Gobierno está jurídicamente legitimado para empezar a cobrar. Finalmente, y en lo que se refiere a la caída de las entregas a cuenta previstas (en torno al 10% de los 1.200 millones), habría que analizar si el Gobierno central está siendo muy pesimista y cabría pensar que la recaudación en 2011 podría ser mayor. No obstante, es verdad que los errores por exceso de optimismo en 2008 y 2009 nos deberían haber enseñado algo al respecto.
En definitiva, la preocupación de la Xunta sobre los recursos disponibles en 2011 es comprensible, y la forma en la que se ha acordado multilateralmente la consolidación fiscal en España resulta discutible. Pero no parece razonable acusar al Gobierno central de deslealtad cuando lo que está haciendo es aplicar al pie de la letra acuerdos y leyes. (Queda pendiente el asunto de los 243 millones del llamado Fondo de Cooperación, pero eso requiere otra columna).
