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El paro general del 29-S

La protesta de Fernando

Un vecino de Portugalete se encarama a una grúa en el campus de la UPV en Leioa por el embargo de su piso

Fernando Fernández llevaba casi dos años en paro. Cuando se le terminó el subsidio por desempleo, hace ya varios meses, empezó a cobrar la ayuda para los parados sin prestaciones. Mientras tanto, el pago de las letras de la hipoteca iban acumulando retrasos que han culminado con una orden de embargo de su piso del barrio portugalujo de Repélega. La vivienda de Fernández, de 37 años, padre de dos niños de uno y cuatro, saldrá a subasta el próximo 22 de noviembre.

"Desesperado" ante el futuro desahucio, este hombre se encaramó en la tarde del martes a una grúa de 40 metros de las obras de la Escuela de Magisterio del campus de la UPV en Leioa con una pancarta que reza "Familias en quiebra, familias en lucha".

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Paradójicamente, él y su hermano Roberto encontraron trabajo en la construcción hace tres meses muy cerca de donde ahora se desarrolla la protesta. No obstante, según explicaba ayer Ricardo, el banco con el que tiene contratada la hipoteca "se niega a negociar con él un plan de pagos" para saldar la deuda que arrastra su hermano: 6.000 euros. Fernando se niega a comer y asegura que seguirá subido en la grúa por tiempo indefinido. La coincidencia de su protesta con la huelga de ayer es, según su hermano, pura coincidencia.

Su familia intentó convencerle de que no llegara tan lejos, aunque Ricardo sostenía ayer a unos metros de donde se encontraba su hermano que "esto es mejor que robar un banco". Él mismo trató de hacerle llegar un móvil -el de Fernando solo le dejaba mandar mensajes- y una botella de agua, pero, según indicó, el jefe de obra se lo impidió. "Me ha dicho que no podía pasar y que la constructora nos ha denunciado", explicó.

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Fuentes de Interior aclararon que la Ertzaintza seguirá el desarrollo del caso, pero no puede actuar a no ser que medie una orden judicial. La empresa adjudicataria de los trabajos y la entidad financiera de Fernando se negaron a hacer declaraciones.

Pese a que los primeros intentos de conversar con Fernández por parte de una psicóloga de la DYA desplazada al lugar la misma noche del martes no dieron fruto, ayer por la tarde accedió a hablar, después de que lograran entregarle un móvil. La profesional también atendió a sus allegados.

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