La primera sentencia ya dio la razón al bipartito
El Gobierno desiste de una guerra en la que ya había ganado una primera y trascendental batalla. Pese a que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, repite que todas las sentencias han caído del lado del Ayuntamiento de Barreiros, lo cierto es que el único fallo conocido da la razón a su Gobierno. El 11 de diciembre de 2009 el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Lugo anuló la licencia concedida en julio de 2006 por el Gobierno municipal del PP a Promociones Nordés SL para que esta inmobiliaria levantase cuatro edificios con 173 pisos en el lugar de San Miguel de Reinante. El juez establece que la autorización de la administración local no es conforme a Derecho.
Y no lo es, explica, porque "en el momento en que se concedió la licencia", el suelo donde se pretendían erigir los mamotretos "no tiene la condición de solar ni puede llegar a serlo a través de un proceso de urbanización que supera la consideración de obras de pequeña entidad". El juez cita jurisprudencia del Tribunal Supremo: "Debe recordarse que los solares cumplen entre otros unos requisitos, a saber, acceso por vía pública pavimentada, el agua abastecida debe ser potable, la evacuación de aguas tendrá que realizarse a la red de saneamiento, el suministro de energía eléctrica y el alumbrado público deberán tener condiciones de caudal y potencia adecuada a los usos permitidos". Como ninguno de estos servicios estaba garantizado en aquel suelo, la sentencia determina que "la licencia impugnada no debió otorgarse pues era exigible que los terrenos donde estaban proyectadas las viviendas hubiesen previamente admitido un proceso de urbanización para la dotación de los servicios urbanísticos a que se vino haciendo mención".
"Circunstancias similares"
El fallo alude a una de las 44 licencias impugnadas, pero los juristas consultados aseguran que el resto de fallos hubieran corrido la misma suerte puesto que "los permisos se dieron en circunstancias idénticas o similares", si la Xunta no hubiese desistido de los recursos ante los tribunales.
Entretanto, Feijóo insiste en que no legaliza nada, pese a que su convenio propone regularizar la situación de cuatro suelos. Esa decisión resultará especialmente rentable para los promotores, que por ley están obligados a dar servicios a las zonas donde construyan con cargo a sus plusvalías. Tres administraciones de distinto color político pagarán, en el mejor de los casos, la mitad de los 14 millones de euros que debían abonar los constructores.
