Atención integrada para las víctimas
Seis departamentos del Ejecutivo vasco se involucrarán en la atención a las víctimas del terrorismo para atender sus necesidades. El Consejo de Gobierno aprobó ayer, en vísperas del Día de la Memoria, el decreto con el que se integrará esta atención -lo recoge la ley de víctimas de 2008-, que viene a completar todo el sistema de atención a las víctimas del terrorismo que se establece en la norma.
La portavoz del Ejecutivo, Idoia Mendia, anunció, tras lamentar la falta de unanimidad en el texto parlamentario del Día de la Memoria, que las ayudas englobarán desde las reparaciones de daños materiales en viviendas, sedes de partidos y sindicatos, vehículos y establecimientos, hasta la adaptación de espacios para víctimas incapacitadas, así como los traslados o los alojamientos provisionales. La sanidad pública ofrecerá cobertura para daños físicos y psicológicos que se prestarán desde Osakidetza o desde centros privados costeados por el departamento. Educación facilitará traslados de expedientes académicos y ofrecerá becas y ayudas al estudio -no cobrará tasas académicas ni las de obtención de títulos oficiales-.
La portavoz del Gobierno lamenta la división en el Día de la Memoria
Por su parte, Empleo y Asuntos Sociales facilitará la reinserción laboral y Función Pública flexibilizará las excedencias y los traslados entre los funcionarios públicos afectados, aunque las plazas en las Ofertas Públicas de Empleo para víctimas tendrán que esperar a la nueva ley de Función Pública. Justicia realizará aportaciones económicas para garantizar la asistencia jurídica.
Todo ello con el objetivo de "garantizar la restitución completa de lo que sea restituible" y normalizar la vida de las víctimas. "La Dirección de Víctimas actúa ya como ventanilla única", asegura Txema Urkijo, asesor de este organismo, que es quien aprueba las ayudas que conciernen a los distintos departamentos y realiza el seguimiento de los casos. El decreto insiste en acelerar los trámites para la concesión de las ayudas, para las que se contará con un presupuesto de 1,29 millones de euros ampliables que se suman a los 550.000 euros de subvenciones a las asociaciones de víctimas.
El decreto actualiza los máximos de las ayudas, con topes de 100.000 euros por solicitante para reparar daños materiales, pagos completos de las prótesis, subvenciones del 50% si los sistemas de seguridad superan los 20.000 euros y ayudas de educación de hasta 5.000 euros en toda la carrera. De todos modos, el decreto prevé otorgar ayudas más allá de las establecidas.
