El 74% de los ingresos de Povisa los aporta Sanidade

La guerra abierta entre Sanidade y el hospital Povisa no ha terminado pese a que la amenaza de los despidos se quedará en eso, en una advertencia. El viernes, la Xunta remitirá a la sociedad un compromiso por escrito que garantice que, mientras ambas partes negocien, el convenio seguirá prorrogado. Ese plazo podría dilatarse hasta un año, según los sindicatos, que ayer decidieron suspender las protestas a la espera de que la empresa anuncie la paralización definitiva del ERE.

La sanidad pública es la principal fuente de ingresos para el hospital Povisa, que atiende en Vigo a una población de 143.000 personas. Los conciertos con el sistema público de salud le reportaron el año pasado 77,8 millones de euros sobre una facturación total de 100 millones (a la que se le aplicaron penalizaciones y descuentos por 3,2 millones). El resto de su actividad se debe en gran parte a los seguros generales y de asistencia sanitaria (17 millones), seguros de accidentes de tráfico (tres millones) y a particulares (cinco millones).

Los trabajadores se reunen por primera vez con el director del centro sanitario

El Sergas garantiza una prórroga que dejará sin efecto la amenaza de despidos

La compañía presenta unas cuentas muy saneadas, con un nivel de endeudamiento mínimo y apenas vencimientos a la vista. Pero el beneficio dio un vuelco en 2009, al caer un 74%, hasta el millón de euros. La empresa achaca este resultado al menor volumen de facturación a mutuas; la eliminación por parte del Sergas de un programa de reducción de listas de espera por el que recibía dos millones y por el incremento del coste salarial derivado del convenio colectivo firmado para 2009 con los trabajadores.

Pero los gastos en la plantilla aumentaron el año pasado en cinco millones (hasta los 66) no solo por los incrementos del convenio. Se produjeron 76 nuevas contrataciones de licenciados, lo que dejó la cifra total en 1.479 efectivos. También subieron un 35% las remuneraciones a los miembros del consejo. Los cuatro consejeros (el presidente, José Silveira, su hijo José Bernardo Silveira, la mujer de este, Rosario Martín, y el empresario y médico Antonio Pintado) recibieron, de media, 117.787 euros cada uno frente a los 86.821 del año anterior. Otras once personas adscritas a la alta dirección vieron sensiblemente reducidas sus remuneraciones (en 283 euros de media), hasta los 68.894 euros. Lo que no varió con respecto al 2008 fue el número de personas de alta dirección y mandos superiores. Tampoco el de consejeros.

Ahora, en pleno cruce de acusaciones, lo único cierto es que la Xunta y la empresa admiten un convenio para los 10 próximos años, más allá incluso de que entre en funcionamiento el nuevo hospital público de Vigo. Pero ni siquiera están de acuerdo en cómo: la firma dirigida por José Bernardo Silveira pide nueve años de convenio y uno de prórroga, mientras que la parte pública opta por cinco años con prórrogas sucesivas año por año.

En el tira y afloja de su negociación con Sanidade, la empresa se ha negado a rebajar un 5% lo que recibe por atender al área sanitaria actual argumentando que entraría en pérdidas de forma inmediata. Tampoco está dispuesta a asumir ese recorte en el próximo concierto, como quiere Sanidade. La consellería le ha respondido que en un contexto de fuerte contracción presupuestaria, cuando el sistema público debe ajustar al máximo sus gastos de funcionamiento, los proveedores no son una excepción. El hospital reconoce que en este ejercicio las compras de medicamentos han absorbido 1,7 millones más que sus previsiones iniciales, por a la subida del IVA.

En medio del cruce de acusaciones está la plantilla, que ayer fue recibida por primera vez por el director, José Bernardo Silveira. El ejecutivo les comunicó que Povisa no presentará el ERE si la Xunta garantiza por escrito la prórroga. Tras la reunión, portavoces de CIG y CC OO en el comité de empresa admitieron que están siendo utilizados como moneda de cambio en la lucha de la dirección por conseguir un acuerdo mejor. Desde la central nacionalista se habla de "utilización descarada", de los trabajadores. Las movilizaciones de protesta se aplazarán hasta la semana que viene. "Esperamos que ya no sean necesarias", insistieron en CIG.