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Camps plantea una segunda reforma del Estatut en víspera de elecciones

El Consell aprueba un anteproyecto de ley que quiere tramitar por vía exprés

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha decidido plantear en el tramo final de legislatura una segunda reforma del Estatut d'Autonomia, apenas cuatro años después de aprobado el último texto estatutario, que está pendiente de desarrollar en su práctica totalidad.

El Consell aprobó ayer un anteproyecto de ley de reforma del Estatut, que pretende tramitar por vía de urgencia en las Cortes Valencianas y sin posibilidad de enmendar, con el que pretende sustituir la disposición adicional primera del actual texto. La reforma tiene como objetivo presionar al Gobierno central para que aumente la financiación que recibe la Generalitat. El texto propuesto por el Consell señala que "la inversión del Estado en la Comunidad Valenciana, excluido el fondo de compensación interterritorial, será equivalente al peso de la población de la Comunidad Valenciana sobre el conjunto del Estado por un periodo de siete años".

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El texto es copia literal del que figura en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que en su día recurrió sin éxito el propio Consell ante el Tribunal Constitucional. El consejero de Gobernación, Serafín Castellano, explicó: "Hemos tomado la decisión de modificar puntualmente el Estatut y confiamos en que tenga, por lo menos, el mismo apoyo que en 2006".

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Castellano argumentó que, como el Tribunal Constitucional ha aceptado la validez de las disposiciones estatutarias que se refieren a la financiación, la Generalitat ha decidido introducir esta cláusula en el Estatut para que el Gobierno no tenga ninguna excusa para privilegiar a otras autonomías en detrimento de la Comunidad Valenciana.

"Solicitaremos al Consell Jurídic Consultiu que remita el informe [preceptivo] por vía de urgencia y podríamos solicitar un pleno extraordinario en las Cortes Valencianas en enero", indicó Castellano, que confió en que la reforma llegue "a buen puerto".

El consejero eludió explicar si la propuesta de reforma estatutaria cuenta con el visto bueno del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados y del presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, que se ha pronunciado recientemente sobre la necesidad de limitar la capacidad de las autonomías para condicionar al Estado.

La reforma estatutaria que plantea ahora el Consell se produce en un contexto bien distinto del que hubo en 2006. Entonces hubo consenso con los socialistas, que cedieron en el tramo final de las negociaciones y aceptaron la pretensión de Camps y Castellano de no incluir ninguna referencia explícita en el Estatut en materia de financiación.

Ahora los populares plantean una reforma puntual, previsiblemente sin ninguna opción a enmienda, y en el tramo final de una legislatura que se ha caracterizado por una grave crisis institucional provocada por los casos de corrupción. En esta situación, populares y socialistas han roto todos los puentes de comunicación. La elección del Síndic de Greuges, José Cholbi, tras meses de paralización, fue el último gran asunto que desbloquearon hace casi dos años los partidos mayoritarios. Desde entonces, el PP ha aplicado su mayoría absoluta en la elección de los representantes a las cajas de ahorro y no se han renovado las bajas del Consell Valencià de Cultura.

El consejero de Gobernación, Serafín Castellano, anunció ayer que se reunirá con todos los portavoces parlamentarios para explicarles el anteproyecto de ley de reforma del Estatut.

La oposición recibió el anuncio de reforma del Estatut con escepticismo, sobre todo porque se anunció el mismo día que se conocía un nuevo informe policial del caso Gürtel que revela cómo la trama corrupta repartió tres millones de euros de comisión entre los distintos actores que intervinieron en las contrataciones de Canal 9 con motivo de la visita del Papa a Valencia en 2006. Unas comisiones de las que, supuestamente, habría participado el entonces director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), Pedro García, que habría recibido 500.000 euros.

La coordinadora de Esquerra Unida, Marga Sanz, calificó la propuesta de "maniobra de distracción que no resolverá los problemas derivados de un modelo [de Estatut] pactado entre los dos grandes partidos".

"La propuesta del Consell deja en evidencia la debilidad de nuestro Estatut, que nació auspiciado por un bipartidismo; por un PP y un PSPV flojos y poco exigentes", prosiguió Sanz, "ahora se ven las debilidades por todas partes". Pese a ello, la coordinadora de Esquerra Unida se mostró "abierta al diálogo para mejorar la financiación del País Valenciano desde planteamientos federalistas y solidarios". Sanz reconoció también que tiene dudas respecto a si la propuesta de Camps tiene el apoyo del presidente nacional del PP, Mariano Rajoy.

En cualquier caso, el actual Estatut nació con voluntad de permanecer en el tiempo, lo que hace más complicada y dificultosa cualquier reforma que se plantee. La reforma, para llegar a buen puerto, tiene que ser aprobada por una mayoría cualificada en las Cortes Valencianas y en las Cortes Generales, tras lo cual se ha de someter a un referéndum del pueblo valenciano para su ratificación. Un trámite complejo, máxime con unas Cortes Valencianas que están a final de legislatura. El periodo de sesiones ordinario actual acaba el próximo día 23 con la aprobación definitiva de la ley de Presupuestos de la Generalitat de 2011. Las vacaciones navideñas se prolongarán hasta mediados de febrero y, con los paréntesis de Fallas y Semana Santa, está previsto que se disuelva la Cámara a mediados de abril.

La reforma "puntual" que propone Camps

- La redacción vigente. La disposición adicional primera del actual Estatut, aprobado en 2006, señala: "El ejercicio de las competencias financieras se ajustará a lo que dispone la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas".

- La modificación propuesta. 1. La inversión del Estado en la Comunidad Valenciana sobre el conjunto del estado por un periodo de siete años. 2. Con esta finalidad se constituirá una comisión integrada por la Administración estatal y autonómica.

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