La familia del cámara fuerza a la fiscalía a que se pronuncie
La fiscalía tendrá que pronunciarse sobre los datos revelados por Wikileaks y publicados por EL PAÍS sobre la obstaculización del caso Couso que, supuestamente, protagonizaron dos de sus máximos responsables -el fiscal general del estado Cándido Conde-Pumpido y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza- así como, la ex vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega y los ex ministros de Justicia (que nombra al fiscal general) y Exteriores Juan Fernando López Aguilar y Miguel Ángel Moratinos. La familia Couso presentará la semana que viene una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en la que se recogerán los hechos relatados en los cables enviados al Departamento de estado de EE UU desde la embajada de Madrid.
La estrategia procesal de la familia es clara. Que la fiscalía analice el asunto y "se retrate" sobre el comportamiento de sus miembros. En caso de que encuentre indicios de delito, la fiscalía está obligada a plantear el asunto ante los tribunales.LOS PAPELES DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO
La reacción del Ejecutivo
