5.000 afectados por el caos aéreo reclaman 50 millones de euros a AENA
La plataforma de afectados por el cierre del espacio aéreo español durante 20 horas entre los días 3 y 4 de diciembre exigirá una indemnización a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) de 10.000 euros "por daño moral" para cada perjudicado, según anunció ayer, a través de un comunicado, el despacho Cremades & Calvo-Sotelo, que defiende a más de 5.000 afectados por el plante que los controladores aéreos protagonizaron la semana pasada.
Para el equipo de abogados, el carácter público del servicio de AENA implica que "la responsabilidad patrimonial no puede acabarse en los controladores aéreos, que son meros empleados públicos". Por ello, la primera actuación consistirá en "presentar una reclamación administrativa ante AENA por un importe de 10.000 euros por cada afectado", cifra que los letrados justifican por la excepcionalidad de la situación -"el bloqueo del espacio aéreo español, que cercena la libertad de transporte aéreo"- y que "va más allá" de la cantidad que AENA tiene prevista, de solo 600 euros.
Además, el equipo de abogados de la plataforma de afectados anunció que se personará como acusación particular en el caso de que se confirme que la Fiscalía General del Estado va a iniciar un procedimiento penal. De lo contrario, valorarán presentar su propia querella.
Pumpido y los ministros
La Fiscalía se defendió ayer de las críticas lanzadas por la Asociación de Fiscales, que acusó el viernes al Gobierno de "injerencia intolerable" en sus asuntos por la presencia del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en el Consejo de Ministros extraordinario del pasado 4 de diciembre, que declaró el estado de alarma ante el cierre del espacio aéreo español ocasionado por los controladores que abandonaron su puesto.
Según el ministerio público, la asistencia del fiscal general del Estado está prevista en
el artículo 9.2 del capítulo IV del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal: "El fiscal general del Estado informará al Gobierno, cuando este lo interese y no exista obstáculo legal, respecto a cualquiera de los asuntos en que intervenga el Ministerio Fiscal, así como sobre el funcionamiento, en general, de la Administración de Justicia. En casos excepcionales podrá ser llamado a informar ante el Consejo de Ministros".
