La Generalitat deja a Paüls sin 'correbous'
Segunda prohibición de los festejos en un municipio de las comarcas del Ebro
La ley que reguló los correbous y atajó el recelo de los seguidores de estos festejos, muy populares en el sur de Cataluña, ha dejado sin toros las fiestas de Sant Antoni de Paüls (Baix Ebre, 600 habitantes) por falta de documentación que acredite la tradicionalidad del encierro en este municipio, según comunicó ayer la Generalitat al Ayuntamiento local.
La denegación del permiso para celebrar estos encierros, la segunda que realiza el Gobierno catalán tras los cuatro correbous vetados en Camarles (Baix Ebre) el pasado diciembre, se ajusta al contenido de la ley que exige demostrar la tradición del festejo, pero ha airado a los protaurinos. La Agrupación de Peñas y Comisiones Taurinas de las comarcas del Ebro respondió planteando movilizaciones para ampliar los municipios de la zona que aspiren a extender estos festejos. "Reuniremos todos los pueblos que quieran recuperar los correbous y reclamaremos conjuntamente la tradicionalidad que pide la ley", señaló el presidente de la entidad, Miquel Ferré.
Este apartado de la norma, que detalla las fechas en que los municipios acreditados pueden celebrar los encierros, está siendo especialmente polémico entre los protaurinos. Éstos aspiraban a la libre celebración de los correbous tras sentirse perseguidos por los defensores de los derechos de los animales, que los consideran un maltrato equivalente al de las corridas prohibidas por el Parlament el año pasado. "Estamos indignados por cómo la Generalitat aplica esta ley. No nos ha beneficiado en nada y, si no lo evitamos, será peor", señaló un portavoz de la peña taurina de Paüls.
El nuevo delegado de la Generalitat en las comarcas del Ebro, Xavier Pallarès (CiU), ve bien ampliar las tradiciones recogidas en la norma siempre que se inscriban dentro de la legalidad, señalaron fuentes de la subdelegación. "Aprovecharemos que ahora manda CiU porque tiene más sensibilidad", agradeció Ferré. En el veto de Camarles, los protaurinos cargaron contra el entonces delegado, Lluís Salvadó (ERC), por entender que había suspendido los correbous tergiversando la interpretación de la ley.
