España limita la discusión a los cuidados paliativos
El debate de la eutanasia ha desaparecido de la agenda de los grandes partidos. Ni PSOE ni PP, CiU o PNV quieren abrir el melón. El PSOE lo llevaba en su programa de 2004, pero nada se hizo, y en 2008 ya ni lo planteó. Tan solo grupos como IU mantienen vivo el tema (la última interpelación en el Congreso fue presentada por Gaspar Llamazares en diciembre de 2008).
A cambio, la ministra de Sanidad, Leire Pajín, ha anunciado una ley para regular la muerte digna. El pasado 21 de diciembre tuvo la primera reunión con un grupo de asesores. El objetivo de la norma será garantizar que se cumplan dos leyes que ya existen, la de autonomía del paciente, de 2002, y la Ley General de Sanidad, de 1996. En ellas ya se preveía que un paciente pueda decidir que renuncia a un tratamiento médico, y que no se le debe someter a procedimientos excesivos para prolongar su vida.
Casos como el de Inmaculada Echevarría, que tuvo que llegar hasta la Junta de Andalucía para que le retiraran el respirador, demuestran que todavía hay dudas y reticencias a aplicar la ley en casos extremos. Aquel caso provocó que la Junta elaborara una ley propia de muerte digna para aclarar las dudas y facilitar la toma de decisiones, que fue apoyada por todos los grupos. El PP solo pretendió que los médicos pudieran objetar en ciertos casos, lo que no salió adelante. Una portavoz del Ministerio de Sanidad admitió ayer que esta norma autonómica será una referencia de la futura ley estatal, aunque eso "no quiere decir que se vaya a copiar". Pero esta futura ley busca, sobre todo, reforzar el papel de los cuidados paliativos, y no ir más allá.
En línea con la actual Estrategia de Cuidados Paliativos, se insistirá en respetar la voluntad del paciente y en la atención domiciliaria, y se darán más garantías jurídicas a los profesionales, pero no se irá más allá. La ayuda necesaria al suicidio seguirá castigada por el Código Penal, y la eutanasia ni se contempla.
