Equidad intergeneracional y transparencia: dos pilares básicos
En los momentos actuales estamos asistiendo a un controvertido proceso de debate social (más propagandístico que participativo) sobre la situación actual y el proceso de reforma de las pensiones en España. Vamos a permitirnos aportar algunas reflexiones en torno a esta materia.
Hay dos principios fundamentales que en nuestra opinión deberían respetarse en este proceso: en primer lugar, debería asegurarse la equidad intergeneracional; ello significa que las distintas generaciones (la nuestra y las de nuestros hijos, nietos, etcétera) habremos de compartir de una forma equitativa los costes y los beneficios del sistema de pensiones, y no dejar así para el futuro un sistema hipotecado y maltrecho financieramente. Por otra parte es tan fundamental como democrático que exista una transparencia social en el proceso, lo cual implica que los ciudadanos puedan ejercer el derecho a saber, y conocer así de forma puntual, detallada e inmediata los datos que manejan, y cómo y por qué se adoptan las posturas y se toman las decisiones sobre las futuras pensiones por parte de los responsables políticos y los agentes sociales protagonistas en el proceso (sindicatos y organizaciones empresariales). Resulta tan singular como significativa la falta de información pública sobre esta materia.
La mayor esperanza de vida origina que las personas estén cada vez más años en situación de pensionistas
La tendencia es aumentar la relación entre lo aportado por el trabajador y lo que recibirá como jubilado
Debería darse información clara sobre el coste real de las prejubilaciones y jubilaciones anticipadas
El sistema debería ser ajeno a rigideces ideológicas y responder a consideraciones técnicas o científicas
Equidad intergeneracional
Como es sabido, el sistema de pensiones vigente se basa en que los trabajadores cotizantes (TC) van realizando aportaciones al sistema, aportaciones que van cobrando los pensionistas (P) que hay en cada momento. Se trata, por tanto, de buscar un equilibro entre lo que aportan los TC y lo que cobran los P, es decir, que las aportaciones sean suficientes para proporcionar en cada momento una pensión mínimamente digna a los jubilados. Aunque actualmente se está cuestionando la sostenibilidad o viabilidad futura del sistema de pensiones, hemos de indicar que, stricto sensu, el sistema de pensiones siempre resultará viable, dado que habrá en todo caso unos cotizantes que aportarán dinero y otros, los jubilados, que lo cobrarán; sin embargo, la cuestión fundamental es conseguir que las pensiones lleguen a ser mínimamente dignas para los jubilados del futuro, es decir, más que un sistema sostenible habrá de buscarse un sistema de pensiones Sosteniblemente Digno.
La forma de conseguir un verdadero equilibrio intergeneracional pasará por establecer unas bases para que ese equilibrio entre aportaciones y pensiones dignas se mantenga a largo plazo. En la búsqueda de ese equilibrio se han de considerar dos tipos de variables: a) Las físicas o demográficas (número de cotizantes y de pensionistas), y b) Las monetarias (cantidades que cotizan unos y que reciben otros).
Comenzando por las variables demográficas, cabe señalar que hace tres décadas la proporción de cotizantes sobre jubilados era superior a 4, mientras que en la actualidad ha descendido a 2,5, y se estima que seguirá descendiendo hasta llegar a 2, o incluso a 1,5 en pocos lustros (si ello fuese así sería complicado entender cómo cada tres cotizantes podrían mantener dignamente a dos jubilados).
Una de las razones de esa tendencia es que la esperanza de vida de los españoles es afortunadamente cada vez mayor, habiendo superado ya los 80 años, y parece que por cada década que transcurra a esperanza de vida va a seguir creciendo a un ritmo de entre uno y dos años (según las estimaciones). Esta creciente esperanza de vida lógicamente origina que las personas estén cada vez más años en situación de pensionistas o receptores de fondos.
Para corregir o compensar esta tendencia demográfica y por tanto el índice IC/P, se manejan varias opciones. Una de ellas es alargar la vida laboral de las personas, retrasando su jubilación, para que estén más tiempo como cotizantes (TC), y por tanto, menos tiempo como jubilados (P); con ello se consigue un doble efecto de incremento en dicho índice (aumento del numerador y disminución del denominador). Esta medida ha venido siendo de las más debatidas y controvertidas, no solo en España sino en otros países que ya la han implantado o que están considerando hacerlo.
Otra posible magnitud física a considerar es la variación del número o proporción de trabajadores cotizantes; lo más deseable sin duda para el sistema es un incremento de la proporción de empleados dentro de la población activa, e incluso de la propia población activa; en todo caso esta magnitud no es directamente controlable por los responsables políticos y agentes sociales, ya que depende en buena medida de la situación y el mayor o menor nivel de bonanza económica, siendo en todo caso variable, y realmente limitada para resolver por sí sola el problema de la sostenibilidad a largo plazo de las pensiones.
En lo que se refiere a la utilización de variables esencialmente monetarias para equilibrar cotizaciones y pensiones, existen asimismo diversas alternativas, si bien suelen pasar por aumentar las aportaciones de los cotizantes, y/o reducir la cuantía de las pensiones recibidas. La tendencia más generalizada a nivel internacional radica en un mayor nivel de individualización del sistema, es decir, una mayor relación entre lo aportado por cada trabajador y lo que va a recibir como jubilado; esto se puede conseguir aumentando el periodo de referencia para el cálculo de la pensión, e incluso llegando a utilizar para el cómputo toda la vida laboral del trabajador. Ello normalmente originará una disminución media de las pensiones recibidas.
Transparencia
Tan importante o más que las estimaciones que hagan unos y otros partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales en torno a las pensiones es, como se ha dicho, que informen a los ciudadanos de los cálculos que manejan y en los que basan sus opiniones y posturas; a los ciudadanos se les suele considerar con demasiada frecuencia como convidados de piedra en estos procesos, estando normalmente bastante desinformados, y en este supuesto más todavía. Es muy importante fomentar en este proceso la participación ciudadana, de forma que la sociedad civil pueda participar en el debate y aportar ideas en este importante proceso.
Sería conveniente que se informase asimismo de la situación y las diversas propuestas españolas en comparación a las medidas que han tomado o están adoptando otros países de nuestro entorno europeo, en los cuales frecuentemente se han utilizado comités de expertos realmente independientes en los procesos de reformas, para contribuir así a conseguir un modelo de pensiones participativo, neutral y en lo posible consensuado.
También sería importante que hubiese transparencia e información a los ciudadanos sobre otras cuestiones relacionadas con el sistema de pensiones español, como por ejemplo el coste real que las prejubilaciones y jubilaciones anticipadas originan al Estado y a los ciudadanos, o sobre determinados regímenes especiales de pensiones (por ejemplo, los de parlamentarios, altos cargos, etcétera). Los ciudadanos tienen, en definitiva, derecho a saber.
Un sistema de pensiones ha de tener, además, credibilidad, y para ello es importante que sea de geometría variable, es decir, ajeno, por una parte, a las rigideces de carácter ideológico o corporativista, prevaleciendo las consideraciones técnicas o científicas, y que además conlleve un proceso continuado de control y un régimen de revisión que le permita adaptarse a las circunstancias demográficas, económicas o financieras existentes en el futuro.
En resumen, lo que sin duda espera el ciudadano es que se haga esta reforma de las pensiones de una forma rigurosa, consensuada, flexible, ajena a las ideologías o intereses corporativistas, y sobre todo acompañada de un debate abierto y participativo, en el que se sustituyan los intereses particulares por el interés social. Este es el desafío, y este es el momento.
Jesús Lizcano Álvarez es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de Transparencia Internacional España.
