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Las consecuencias de un acuerdo histórico

Negociación por partes cuando la ley llegue al Congreso

El Grupo Socialista esperará a que el Consejo de Ministros remita a las Cortes el proyecto de ley en el que se trasladará el acuerdo social. Eso no ocurrirá antes de tres semanas, porque antes deberán emitir informes no vinculantes el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social.

Llevarán la negociación con los grupos parlamentarios el portavoz José Antonio Alonso y el ex ministro de Trabajo Jesús Caldera. No habrá una negociación en bloque, sino con cada uno de los grupos parlamentarios, y tampoco se buscará que apoyen o firmen el acuerdo en su conjunto, sino aquellos apartados que requieran una norma de respaldo que deba aprobarse en el Parlamento.

Para eso, se dividirá por apartados: pensiones, energía, industria, políticas activas de empleo, funcionarios e innovación. El principal es el apartado de pensiones y el Grupo Socialista considera que servirá de base el trabajo previo de las conclusiones del Pacto de Toledo, en el que ya logró el respaldo de CiU, PNV y Coalición Canaria. El PSOE cree que en este apartado no tendrá dificultades para atraer al PP, aunque se resista hasta el último momento a votar a favor del proyecto de ley, al que le queda una larga tramitación de varios meses.

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Ve más complicado llegar a un acuerdo sobre el apartado energético, en el que hay diferencias notables entre el Gobierno y el PP, empezando por el futuro de la central de Garoña. De hecho, ya hubo un intento de pacto hace meses que fracasó. Otros apartados, como el referido a los funcionarios y la recuperación de la mesa de la función social, no requieren traslación a una norma y suponen más bien un compromiso político del Gobierno.

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