Mi general: con usted, no

De las impresionantes escenas del pueblo en las calles y enfrentándose a la represión, proporcionadas por las revueltas del presente en el mundo árabe, no hubo nada en la España del 23 de febrero de 1981. Prácticamente todo el mundo se metió en casa para esperar el desenlace de la batalla de jefes que dirimió la intentona. Es un hecho que la reacción popular no fue inmediata. ¿Los sindicatos, los partidos políticos, el pueblo en general deberían haberse lanzado a las calles el día del golpe? ¿Los valencianos habrían tenido que colocarse delante de los tanques? Pese a la tradición de manifestaciones durante los años anteriores, la Transición había sido obra principalmente de políticos y en ellos se había depositado la confianza para facturar las reformas.

Tras el golpe salieron a manifestarse ciudadanos de clases acomodadas, por primera vez desde la muerte de Franco

Habría sido más difícil desbaratar el golpe de haber contado los conjurados con un jefe bien caracterizado

El fracaso de la intentona rompió la ósmosis entre la ultraderecha y parte de la milicia

A los golpistas no les dio tiempo a establecer un mando alternativo al representado por el Rey y el Gobierno de facto

El pánico provocado por los golpistas y las exhortaciones del Rey y del Gobierno de facto (dirigido por Francisco Laína) a evitar concentraciones públicas contribuyeron a vaciar las calles. La gran mayoría de la población se confinó en sus casas y una minoría de personas, que se sintió en peligro inminente, trató de esconderse ante la previsible represión que se avecinaba. Todo cambió tras el desenlace del golpe. El 27 de febrero, un inmenso gentío llenó el centro de Madrid, transformando lo que comenzó como cabeza de la manifestación en "centro" de la enorme concentración humana, incluidos dirigentes políticos y sindicales de un amplio abanico, desde la Alianza Popular encabezada en aquel tiempo por Manuel Fraga, hasta el Partido Comunista dirigido por Santiago Carrillo. Otras grandes manifestaciones se celebraron en Valencia, Sevilla, Barcelona, Zaragoza y otras decenas de lugares. Al fin, la fuerte presencia popular dejaba muy claro que España no estaba por la vuelta atrás.

Para que esa explosión popular fuera posible tuvo que producirse antes la batalla de jefes. Fue la lucha del 23 y 24 de febrero, por fortuna incruenta, en la que ganaron los que, pese a que estaban apresados el Ejecutivo y los parlamentarios, contaban con un mando claro. Y en la que perdieron los rebeldes, que carecían de un jefe definido. Enredados durante años en elucubraciones sobre quién podía ser aquel a quien durante el juicio del 23-F se aludió enigmáticamente como el Elefante Blanco, se ha perdido de vista que a los cabecillas golpistas no les dio tiempo a establecer un mando alternativo al representado por el Rey y el Gobierno de facto. Habría sido más complicado desbaratar el golpe de haber surgido un jefe bien caracterizado entre los golpistas, que se hicieron un lío monumental: el teniente coronel Tejero, asaltando el palacio del Congreso y colocándose a la espera de "una autoridad militar, por supuesto"; el teniente general Milans del Bosch, que lanzó tropas a la calle, pero solo en su región militar; el coronel José Ignacio San Martín, que recibió noticias del despliegue de unidades acorazadas en Madrid a través de un subordinado, Ricardo Pardo Zancada, que se había enterado el día anterior de que había que mover a toda una división, y hubo de localizar a toda prisa al general Torres Rojas para que corriera a ayudarles; o de un general Armada que estuvo y no estuvo en el 23-F, y cuando quiso entrar de lleno, se encontró con que otro de los conjurados, a la sazón Tejero, le paraba los pies y le dejaba con las manos vacías.

La verdad es que la atropellada ejecución del golpe del 23-F tuvo su origen en una decisión de Adolfo Suárez. No se trata de su tantas veces alabada actitud en el hemiciclo ocupado por Tejero y sus guardias, reclamando respeto a su condición de presidente del Gobierno, ni por negarse a besar el suelo mientras silbaban las balas. Fue su dimisión de semanas antes, el 29 de enero de 1981. La renuncia de Suárez puso en marcha el mecanismo constitucional para relevarle en la presidencia del Ejecutivo, y esto solo podía conducir a la designación del candidato del partido con más diputados, la UCD. Cuando los rebeldes interrumpieron la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo lo hicieron de manera tan zarrapastrosa que, treinta años más tarde, el 23-F ya solo es un lejano recuerdo.

Aún así, el triunfo de Suárez no pudo evitar un fracaso: el golpe, y sobre todo la gestión del golpe, terminaron de hundir para siempre las posibilidades de una fuerza moderada y de centro en España, iniciándose así el camino que ha conducido, a la postre, a la polarización política y la crispación en la vida pública. El espacio de la moderación se lo repartieron fuerzas de perfiles mucho más definidos y muy enfrentadas incluso en temas que en otras democracias maduras se consideran "asuntos de Estado". Eso no es una consecuencia directa del 23-F, pero sí podría apuntarse como una de sus víctimas colaterales.

Lo sucedido entre el 23 y el 24 de febrero de 1981 tuvo otras consecuencias positivas, como la ruptura de la ósmosis entre la ultraderecha y gran parte del mando militar. En los años previos al 23-F, los ultras llevaron a cabo ruidosas campañas de agitación, difundidas a través del diario El Alcázar y otras publicaciones, basadas en la idea de que ellos representaban a la verdadera España y que tenían el derecho de parar las decisiones políticas que no les parecieran oportunas. Sostenían que el Ejército era una cosa, y otra muy distinta el teniente general Gutiérrez Mellado -el principal apoyo militar de Suárez-, a quien llamaban despectivamente el "señor Gutiérrez", para ellos un traidor al servicio de las fuerzas que habían hecho de parteras de las autonomías (o sea, del posible desmembramiento de la patria), la partitocracia, cierto sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder civil y debilidad frente a los asesinos de ETA. La banda terrorista mataba entonces a razón de 130 personas por año, la mayoría militares y policías. Y en el ambiente cargado de electricidad de la división acorazada Brunete se había pensado por su propio jefe, el general Torres Rojas (más de un año antes del 23-F), que si caía uno de sus subordinados, la división entraría inmediatamente en estado de alerta; lo cual forzó al ministro de Defensa a suspender los movimientos nocturnos de tropas que, a título de "ejercicios", realizaba el mando de la Brunete. (Este es el general que fue destituido y enviado a A Coruña, desde donde regresó el día del golpe).

En varios funerales de asesinados por ETA se gritó repetidamente "Ejército al poder". ¿Trama civil oculta? Era bastante pública. ¿Quiere esto decir que miles de personas sabían que Tejero iba a ocupar el Congreso, o que Milans del Bosch pretendía sacar los tanques el 23-F? No. Que existieran miles de voluntades empujando a "militares de prestigio" no implica que los ejecutores del 23-F concibieran aquello con "paisanos" más o menos incontrolados. El propio teniente general Milans del Bosch impidió al civil Juan García Carrés, dirigente de los antiguos sindicatos franquistas, que asistiera a la reunión de conspiradores celebrada en Madrid semanas antes del golpe.

Los generales que ejecutaron el 23-F pretendían forzar un pronunciamiento "institucional" de las Fuerzas Armadas. Pero nadie lo encabezó abiertamente. El propio general Armada se vio impedido de consumar su sacrificio como nuevo jefe del Gobierno, en el que pensaba implicar a personas de diversos partidos, porque tal proyecto horrorizó a Tejero. Armada colaboró incluso en un desenlace incruento de la ocupación del Congreso. Actitud que al juez instructor del 23-F, el general José María García Escudero, le recordaba la de Francisco Franco en la primavera de 1936, "reservándose hasta el último momento, entrando a medias en la conspiración, desligándose a medias también cuando no vio el éxito claro, aunque en definitiva se quedó dentro y triunfó. Armada se quedó fuera y perdió", ha dejado escrito en sus memorias.

Don Juan Carlos y su pequeño equipo de La Zarzuela dieron prioridad -y acertaron- a abortar las tentaciones de sumarse al golpe de varios capitanes generales. En el deseo de no ser descubiertos y de jugar con el efecto sorpresa, los conspiradores del sector Milans-Tejero acortaron tanto los plazos que no les dio tiempo a preparar decentemente el golpe. Aún así, pudo triunfar si la división acorazada Brunete hubiera actuado como catalizador para los mandos dubitativos. El 18 de noviembre de 1980, en una audiencia que hoy podría resultar sorprendente, el coronel José Ignacio San Martín, entonces jefe de Estado Mayor de la división, fue recibido por el Rey, a quien le dijo que el Ejército estaba de luto (por el terrorismo) y que en la división se encontraban "cabreados, muy cabreados". Hasta el punto de que don Juan Carlos le preguntó qué pasaría si algún exaltado decidiera actuar por su cuenta. Ocho días antes, Milans del Bosch había aprovechado unas maniobras para encontrarse con San Martín, a quien preguntó cuál era el estado de ánimo de la Brunete; el coronel le contestó que si el Rey requería un apoyo firme, lo obtendría sin el menor titubeo.

Minutos antes de que Tejero ocupara el Parlamento y sus aledaños con los 445 guardias civiles que había reclutado, los mandos de la Brunete recibieron órdenes de situar tropas en Madrid, "al servicio de España y en nombre del Rey". Se les habían asignado las siguientes posiciones: la carrera de San Jerónimo (eran los tanques y la "autoridad militar" que esperaban Tejero y sus capitanes), el parque del Retiro, el canal de Isabel II, el Campo del Moro (adyacente al Palacio de Oriente) y medios de comunicación. Las tropas de la Brunete no llegaron a esos lugares gracias a la energía desplegada por el capitán general de Madrid, Guillermo Quintana, que contuvo a los mandos de las unidades que ya estaban saliendo; secundado más tarde por el jefe de la Brunete, el general José Juste, al darse cuenta de que el Rey no había ordenado ningún movimiento de tropas, contra lo que le habían anunciado los conspiradores. Quién sabe si habría cambiado el curso de la historia si el comandante Pardo Zancada, en lugar de ir al Congreso, se hubiera decidido a acudir con sus policías militares a la capitanía general de Madrid como planeaba, según dijo San Martín en su día (el excomandante no ha querido perder tiempo en hablar con este periódico). El teniente general Elícegui, capitán general de Zaragoza, hizo caso al Rey y tampoco usó el centenar de carros de combate que realizaban maniobras a las afueras de la capital aragonesa.

"Papá... ¿qué va a pasar?" Esta pregunta la planteó don Felipe de Borbón al comienzo de la larga noche del 23-F. Entonces tenía 13 años. El propio don Juan Carlos le obligó a quedarse en el despacho junto con sus principales colaboradores, los generales Nicolás de Cotoner y Sabino Fernández Campo. "La Corona", le contestó el monarca, "en estos momentos está en el aire y yo voy a hacer todo lo posible para que caiga del buen lado", según palabras atribuidas a don Juan Carlos en sus conversaciones con el escritor José Luis de Vilallonga. Nunca el Rey ejerció tanto poder como aquella noche, desde la promulgación de la Constitución, aunque al día siguiente dejó claro a los líderes políticos que no volvería a hacerlo. Es decir, que el restablecimiento de la normalidad constitucional y del juego político previsto por la ley lo era a todos los efectos.

En fin, la movilización ciudadana en los días posteriores a la intentona no se debió solo a la izquierda, entonces más ducha en esas lides, sino a ciudadanos y ciudadanas de las clases acomodadas que votaban opciones de centro o de derecha. Esto era la primera vez que sucedía masivamente desde la muerte de Franco. Les enviaron un fuerte mensaje a los militares ultras, a los herederos del franquismo: que no estaban con ellos; que su tiempo se había acabado definitivamente.