El Gobierno señala a Guerrero como único responsable político de los ERE

El Gobierno andaluz ofrecerá posiblemente el viernes los resultados de la investigación interna abierta en la Consejería de Empleo -en la que trabajan a marchas forzadas media docena de funcionarios- sobre presuntos fraudes en los expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados con fondos públicos.

Por el momento, la Junta ha denunciado al juzgado la presencia de 39 presuntos intrusos en un total de 12 ERE, de los 30 chequeados. Queda por saber los datos de las prejubilaciones de 15 empresas que aún se están pagando, un trabajo "intenso" con el que la Junta persigue descubrir "cualquier mota de polvo", afirmó ayer la consejera de la Presidencia, Mar Moreno. La raya que ha marcado el Gobierno andaluz pasa por trasladar a los tribunales "lo que haya que llevar".

Esta posición no ha variado, como tampoco la de señalar como único responsable político de las presuntas irregularidades al ex director general de Trabajo Javier Guerrero, quien ejerció este cargo durante nueve años con tres consejeros distintos: Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández.

Guerrero manejó un fondo de 647 millones de euros entre 2001 y 2009 destinado a ayudar a empresas en crisis y a los trabajadores. El 90% de este dinero fue para el pago de los ERE y el resto a las empresas. No obstante, y según publicó EL PAÍS en su edición del día 24 de febrero, Empleo concedió ayudas públicas a 13 Ayuntamientos (10 de ellos de la provincia de Sevilla) con este fondo, además de a asociaciones y a fundaciones. Preguntada si estas subvenciones tenían cobertura legal y administrativa, la también portavoz del Gobierno aseguró que la finalidad de esas partidas eran de apoyo a empresas y eran legales. Y matizó: "Si su uso ha sido más o menos acertado, eso puede ser una cuestión opinable, pero si ha habido un uso ilegal va a tener ocasión de determinarlo los tribunales".

La consejera de la Presidencia enfatizó que hay un "muro muy ancho que separa a los que se enriquecen ilícitamente de lo público", de una subvención concedida "con un criterio mejor o peor de oportunidad o de justificación".

La portavoz consideró "adecuada" la reacción del exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas de abandonar sus cargos internos en el partido, después de que el fiscal pidiera para él 900.000 euros de multa por un presunto delito de cohecho en relación al caso Mercasevilla. La decisión de Rivas la precipitó el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, el pasado domingo, dispuesto a marcar grandes diferencias con la actitud que mantiene el PP respecto a sus imputados. Moreno calificó de "impresentable" el caso de un ex concejal y secretario de Política Municipal de la agrupación del PSOE de Camas, José Antonio García Prieto, que también cobró de un ERE de la empresa Intersur S. L. sin haber pertenecido a la misma. García Prieto dimitió el domingo de sus cargos en el PSOE.

"Nadie puede decir que la Junta tapó a ningún aprovechado del PSOE, del PP o de lo que sea", señaló Mar Moreno, quien enfatizó: "Nosotros descubrimos y limpiamos y el PP tapa y salpica".