Un plan bajo sospecha tras 12 años de gestación
El Ayuntamiento de Alicante, en manos del PP con mayoría absoluta, ha invertido 12 años en gestar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El proceso, iniciado por el exalcalde y ahora diputado autonómico Luis Díaz Alperi, estuvo plagado de polémicas. La más sonada fue la que enfrentó a Alperi con el encargado de plasmar las líneas maestras del futuro urbanismo de la ciudad, Lluís Cantallops. El arquitecto no accedió a la presión del exregidor y dimitió.
La batalla por dotar a Alicante de un nuevo traje urbanístico la retomó la sucesora de Alperi en la alcaldía, Sonia Castedo. Ésta apretó el acelerador y en un tiempo récord presentó una propuesta. El documento acumuló un sinfín de criticas de colectivos y oposición.
Sin embargo, a los pocos meses de aprobar provisionalmente su propuesta de nuevo planeamiento para la ciudad, el documento recibió un nuevo revés, que puso en tela de juicio la legalidad del proceso de tramitación. En el verano de 2010, trascendió a la opinión pública que el PGOU de Alicante también integraba el sumario del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo en Alicante). Una de las piezas separadas de la causa general indaga un supuesto trato de favor por parte de altos cargos del Ayuntamiento al empresario Enrique Ortiz. Entre las supuestas irregularidades, la policía indaga la acaparación de suelo en zonas declaradas parques naturales para luego transferir los aprovechamientos urbanísticos a otras zonas urbanizables de la ciudad.
Por estos supuestos hechos delictivos, el fiscal acusa a 21 personas, entre ellas, Luis Díaz Alperi, Sonia Castedo y Enrique Ortiz, por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso indebido de información privilegiada. Siete meses después, el instructor de esta causa, el titular del Juzgado número 5 de Alicante, no ha citado a ninguno de los acusados y está a la espera de un juez de apoyo para su oficina judicial. La demanda ya ha sido cursada por el Tribunal Superior al Consejo General del Poder Judicial.
