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La suegra de Guerrero es una intrusa

Un ex concejal de IU se prejubiló de manera irregular en el ERE de Egmasa

Victorina Madrid, suegra del ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, está incluida en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) del grupo SOS Cuétara pese a que nunca trabajó en dicha firma. La Consejería de Empleo subvencionó con 3,4 millones el ERE que afectó a dos de las fábricas de aceite del grupo para prejubilar a 32 trabajadores, informó Público. Madrid figura como intrusa en el primer listado de 37 personas ajenas a las empresas que la Junta barajó hace varias semanas.

Mientras, Antonio García Márquez, ex concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Almonte (Huelva) y miembro de CC OO, figura entre los 33 nuevos casos detectados en la investigación interna de la Junta sobre los ERE, informó ayer la cadena SER. García Márquez fue prejubilado en la Empresa Pública de Gestión Medio Ambiental (Egmasa) presuntamente de forma irregular tras un despido declarado improcedente Entre los 33 nuevos intrusos figuran cuatro prejubilados del ERE de Mercasevilla de 2007.

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Por otra parte, la Consejería de Empleo pagó a la multinacional CFP Servicio de Prevención 460.000 euros por sus servicios y cursos a través de la creación de una póliza ajena a la empresa. La Dirección General de Trabajo abonó el dinero a un particular sin vinculación directa con la empresa mediante el ERE de Cydeplast, subvencionado por la Junta con 6,6 millones de euros en 2007. La empresa, especializada en seguridad y salud en el trabajo y con presencia en 11 países, organizó supuestamente un curso de prevención de riesgos laborales para 934 graduados sociales entre 2006 y 2007 por iniciativa de la Consejería de Empleo.

"Estuvimos reclamando el convenio de colaboración durante meses, pero nunca se firmó. Finalmente, la Junta apareció como tomador de la póliza y como beneficiario se puso a una persona de confianza de la empresa", afirmó ayer el responsable de proyectos institucionales de la firma vasca, supuesta cómplice del pago irregular. CFP aceptó el pago después de que Guerrero no abonara las cantidades correspondientes a dicho curso, que contó con la colaboración del Consejo Andaluz de Graduados Sociales, así como otros cinco proyectos ejecutados hasta 2007, según fuentes de CFP.

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