Consenso en defensa del Estatuto

Socialistas, populares e Izquierda Unida proclamaron ayer que mantendrán la unidad política que hizo posible que el Estatuto de Autonomía saliera aprobado por consenso en el Congreso de los Diputados y ratificado en referéndum por los andaluces el 18 de febrero de 2007 con la más baja participación registrada en las urnas en Andalucía (36%). Todos los partidos acataron el fallo del Tribunal Constitucional, aunque en el caso de Izquierda Unida "por imperativo legal", ya que no cabe ningún recurso.

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, convocó ayer a una reunión a los máximos dirigentes de PSOE, PP e IU para unir posiciones. La reunión acabó bien -todos defendieron mantenerse como una piña sobre el Estatuto-, pero empezó mal. El líder del PP, Javier Arenas, llegó con diez minutos de retraso y exigió la presencia de su número dos, Antonio Sanz, si en la reunión iba a estar la consejera de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo autónomo, Mar Moreno. Hubo unos momentos de tensión que luego todos intentaron minimizar. Ni Moreno ni Sanz estuvieron presentes en el encuentro, que duró unos 15 minutos.

La posición del PP fue muy medida. Al PP le ha costado mucho trabajo entrar en la senda de la defensa de la autonomía y no parece estar dispuesto a salir de ella por un revolcón del Constitucional. Arenas afirmó que el revés "no debe afectar" al consenso que guió la reforma. Pero dicho esto, no se mostró "sorprendido" con la decisión del Alto Tribunal porque el artículo 51 anulado era "muy polémico". "Pensábamos que estaba limpio de constitucionalidad", dijo Arenas. El PP se sumó en el último minuto a la reforma estatutaria, pese a que el Estatuto andaluz tiene una veintena de artículos calcados al de Cataluña, recurrido por el PP en el Tribunal Constitucional. Esta decisión le ha servido para lavar la oposición que mantuvo la derecha andaluza en los comienzos de la autonomía andaluza en los años 80. Arenas se puso ayer en contacto con sus "hermanos" del PP de Extremadura. También confío en una solución dialogada con el Gobierno central y la Junta de Extremadura.

El coordinador de Izquierda Unida, Diego Valderas, aseguró que el fallo supone un "recorte brutal" del Estatuto y abogó por la unidad de las fuerzas políticas y la movilización de los andaluces. "No debe haber ningún distanciamiento", señaló Valderas, quien defendió salidas políticas para que la gestión del Guadalquivir siga en manos andaluzas.

En esta línea insistieron la socialista Susana Díaz y Mar Moreno, quien aseguró que el Gobierno autónomo trabajará en "buscar soluciones" para lo que es un hecho (el Guadalquivir es un río andaluz), sea "una realidad de derecho" y "Andalucía tenga la gestión sobre sus aguas".

El Gobierno regional ha encargado un informe a los servicios jurídicos para hallar una salida. Esta puede estar en los artículos en los que el propio Tribunal Constitucional no ha encontrado ninguna tacha legal y que fueron recurridos por la Junta de Extremadura, durante el mandato de Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Son los artículos 43, 50.1 a y 50.2.

Ningún partido descartó que el Gobierno, a través de una ley orgánica, ceda a la comunidad la transferencia del Guadalquivir, aunque eso sería el escenario más optimista para el Ejecutivo regional. También habrá que estudiar cómo afecta el fallo a la ley de Aguas y a la reordenación del sector público.