El Supremo ordena derribar Las Beatillas

El Tribunal Supremo ha confirmado que el complejo de ocio Las Beatillas, situado en El Puerto de Santa María (Cádiz), debe ser demolido como ya ordenó la Junta de Andalucía hace ocho años. Todo este tiempo de litigios y recursos se da por terminado una vez que el alto tribunal ha decidido no atender el recurso de casación presentado por la empresa constructora Jale. Se agotan así todas las vías legales para evitar el derribo. Las Beatillas, junto a Montenmedio en Barbate, fue durante la década pasada símbolo del urbanismo desordenado en la provincia de Cádiz.

"No seremos creíbles hasta que no derribemos Las Beatillas y Montenmedio". La frase es del actual viceconsejero de Gobernación, José Antonio Gómez Periñán, cuando era delegado de la Junta en Cádiz. Ambas instalaciones turísticas infringieron varias normas urbanísticas y fueron condenadas a caer por los tribunales, pero resistieron varios años. El dueño de Montenmedio, Antonio Blázquez, cedió hace dos años y derribó parte del principal inmueble, la casa club. Pero la empresa Jale ha resistido hasta el final.

La constructora levantó en terrenos de la sierra de San Cristóbal, que el Plan General de Ordenación Urbana definía como espacios libres, un palacio de congresos, un restaurante, cinco pistas deportivas, vestuarios, aparcamientos y un parque infantil, entre otras instalaciones. Jale siempre argumentó que una licencia posterior del Ayuntamiento, gobernado entonces por Independientes Portuenses, daba amparo a lo construido pero ni la Junta ni el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) lo admitieron. De hecho, en 2005 la Delegación de Obras Públicas llegó a sacar a concurso la obra de demolición del complejo.

El alto tribunal andaluz sentenció aquel año a la empresa a devolver el entorno al mismo estado en el que se encontraba antes de la construcción. Pero el recurso en el Supremo ha permitido mantener la edificación en pie hasta ahora. La crisis inmobiliaria afectó de lleno a Jale. Ahora Las Beatillas permanece cerrado, aunque se abre para la celebración de actos concertados y banquetes con trabajadores temporales.

El Supremo es claro. Ninguno de los cinco motivos dados por la constructora para recurrir la sentencia del TSJA es válido y el alto tribunal defiende el derribo como una medida proporcionada. "La tolerancia en esta materia conduce a una inaceptable situación de hechos consumados", reza uno de los fundamentos jurídicos. La sentencia critica también la falta de colaboración entre el Ayuntamiento de El Puerto y la Junta de Andalucía. "Debería haber existido una más eficaz cooperación entre las administraciones urbanísticas competentes a fin de evitar la consumación de los hechos y dilapidar así esfuerzos o riqueza". Con todo, el Supremo mantiene que la responsabilidad única debe recaer en "la ambigua conducta de quien solicitó unas licencias que no amparaban las obras y urbanizaciones que realmente se ejecutaron".

El Ayuntamiento de El Puerto, gobernado ahora por el PP, prefirió ayer no analizar el fallo judicial por entender que no tiene competencias sobre esta finca. El delegado de Obras Públicas, Pablo Lorenzo, cree que tras la decisión del Supremo todo vuelve a la misma situación de 2005. La Junta insta a Jale a derribar y, si no lo hace, la Administración volverá a adjudicar la obra con carácter subsidiario.