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Unión política en defensa del Estatuto andaluz

Lourdes Lucio

Socialistas, populares e Izquierda Unida proclamaron ayer que mantendrán el consenso político que hizo posible que el Estatuto de Autonomía saliera aprobado por consenso en el Congreso de los Diputados y ratificado en referéndum por los andaluces el 18 de febrero de 2007 con una baja participación del 36%. Todos los partidos acataron el fallo del Tribunal Constitucional, aunque en el caso de IU "por imperativo legal", ya que no cabe ningún recurso.

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, convocó ayer a una reunión a los máximos dirigentes del PSOE, PP e IU para unir posiciones. La reunión acabó bien -todos defendieron mantener el consenso sobre el Estatuto-, pero empezó mal.

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El líder del PP, Javier Arenas, llegó con diez minutos de retraso y exigió la presencia de su número dos si en la reunión iba a estar la consejera de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo autónomo, Mar Moreno. Hubo unos momentos de tensión que luego todos intentaron minimizar. Ni Moreno ni Sanz estuvieron presentes en el encuentro, que duró 15 minutos.

Arenas afirmó que el revés "no debe afectar" al consenso que guió la reforma. Pero dicho esto no se mostró "sorprendido" con la decisión del Alto Tribunal porque el artículo 51 anulado era "muy polémico". "Pensábamos que estaba limpio de constitucionalidad", dijo Arenas. El PP se sumó en el último minuto a la reforma estatutaria, pese a que incluye una veintena de artículos calcados del Estatuto de Cataluña, recurrido por el PP en el Constitucional. Esta decisión le ha servido para lavar la oposición que mantuvo la derecha andaluza en los comienzos de la autonomía andaluza en los ochenta. Arenas se puso ayer en contacto con el PP de Extremadura. También confió en una solución dialogada.

El coordinador de IU, Diego Valderas, aseguró que el fallo supone un "recorte brutal" del Estatuto y abogó por la unidad de las fuerzas políticas y la movilización de los andaluces. "No debe haber ningún distanciamiento", señaló Valderas, quien defendió salidas políticas parta que la gestión del Guadalquivir siga en manos andaluzas.

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En esta línea, la socialista Susana Díaz y Mar Moreno aseguraron que la Junta trabajará en "buscar soluciones" para que el Guadalquivir sea un río andaluz como "realidad de derecho" y para que "Andalucía tenga la gestión sobre sus aguas".

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