Gobierno y PP se enzarzan sobre el trato a los imputados
El Ejecutivo contraataca con el 'caso Gürtel' para responder a la oposición sobre los ERE falsos en Andalucía
"En los asuntos que a ustedes les afectan entorpecen la acción de la justicia; de los asuntos que piensan que pueden sacar réditos electorales los traen aquí una y otra vez", le dijo la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, a la diputada del PP Fátima Báñez.
Es parte del agrio debate que mantuvieron ayer el Gobierno y el PP en el pleno del Congreso, que terminó por ser una polémica sobre qué hacer con los respectivos imputados por casos de corrupción. El PP pide dimisiones al más alto nivel porque un exconsejero de Andalucía ha sido imputado por el escándalo de los falsos ERE y el Gobierno asegura que hay que respetar la presunción de inocencia.
La cruz de esas posiciones es que el PP mantiene y apoya como candidato en la Comunidad Valenciana a Francisco Camps, imputado y próximo al banquillo por cohecho continuado, y rechaza que los presidentes de las comunidades afectadas por el caso Gürtel tengan que asumir responsabilidades políticas. Y el PSOE las exige en esos casos y las rechaza en el suyo. "Ustedes piden mi dimisión. Pero claro, si imputan a consejeros de la señora Aguirre o a consejeros del señor Camps, de dimisión nada, premio Nobel para los dos", respondió Manuel Chaves a un diputado del PP.
"¿Puede usted explicar qué regla de tres aplican ustedes a la política para pedir mi dimisión por la imputación de un exconsejero y, sin embargo, jalean y mantienen a un procesado como presidente de la Diputación Provincial de Castellón [por Carlos Fabra]? ¿Me lo quiere decir usted? ¿Cómo presentan como candidato a la Comunidad Valenciana a un señor que no solamente ha sido imputado, sino que ha sido acusado formalmente de cohecho?", le respondió a otro.
El vicepresidente tercero volvió a ser el objetivo preferente de los ataques del PP. Los diputados populares utilizaron expresiones como "silencio cómplice ante la corrupción" y "despilfarro masivo de los socialistas en Andalucía", para hacer responsables directos a los dos últimos presidentes de la Junta del caso de los ERE falsos.
Salgado explicó que fue la Junta de Andalucía la que presentó en el juzgado la denuncia que ha dado lugar a la investigación judicial que ha destapado el caso. Añadió que el juez, en primera instancia, archivó el caso y fue la Junta la que recurrió y logró que se abriera la actual investigación.
