Griñán crea un equipo especial para atender a la juez de los ERE

Una veintena de personas se dedican desde ayer en la Junta de Andalucía de forma prioritaria a atender todas las solicitudes de información procedentes de la juez Mercedes Alaya, que investiga los presuntos fraudes en los expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados con fondos públicos. Esta decisión se produce después de que la magistrada, en dos autos conocidos el miércoles, reprochara a la Junta "cierta falta de colaboración" para entregar la documentación requerida.

El Gobierno socialista que preside José Antonio Griñán quiere preservar su principal línea de actuación en este caso -el de la transparencia y la colaboración con la justicia-, del que presume en sus actos públicos, a diferencia, subrayan los socialistas, del comportamiento del PP de arremeter contra los jueces y "tapar" los casos de corrupción en los que hay dirigentes de este partido.

Valderas dice que Alaya "ha abierto una moción de censura" a la Junta

Las críticas de la juez Alaya a la Junta ha dado alas al PP en su denuncia de la existencia de "una segunda trama para impedir" una investigación judicial y parlamentaria a fondo sobre el caso de los ERE, según dijo ayer el presidente del PP, Javier Arenas, quien ha pedido sin éxito un pleno extraordinario de la Cámara andaluza para debatir este asunto.

Todos los cuadros del PSOE han recibido la instrucción expresa de que no hacer comentario alguno a los autos de Alaya, de "no polemizar", como dijo ayer la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, y de dar largas cambiadas a preguntas incómodas como las que ayer se les formularon a los socialistas sobre si la juez se había extralimitado en sus atribuciones al considerar que la Intervención General tuvo que elevar un informe de actuación (una especie de código rojo) alertando contra el procedimiento seguido para conceder los ERE; o si la juez estaba abriendo una causa general contra la Junta. Diego Valderas (IU) opinó que la "juez ha abierto una moción de censura contra el Gobierno andaluz por su negligencia".

El Ejecutivo ha puesto en marcha "un dispositivo especial", pilotado por el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Lozano, para que toda la información que pida la juez a los centros directivos de la Junta se remita a la Consejería de la Presidencia, de la que dependen los servicios jurídicos de la Junta. Dos letrados se han incorporado a este equipo de manera permanente así como los viceconsejeros de Empleo, Innovación, Hacienda y directivos de la agencia IDEA. En cada consejería hay un contacto alertado y todos los papeles que entren y salgan al juzgado quedarán registrados. Ayer Empleo remitió los 68 ERE investigados (55.631 folios) a la juez.

Moreno aseguró que la Junta actuará con "más diligencia", mientras que el expresidente andaluz y vicepresidente tercero, Manuel Chaves, reconoció "posibles errores o retrasos" en el envío de la documentación. La Junta dice estar tranquila con la ingente información reclamada por Alaya porque "comparte su mismo objetivo de perseguir el fraude".