Familiares de Chaves y Arenas, en el 'ring' político
Socialistas y populares se acusan de mezquindad e hipocresía
Manuel Chaves y Javier Arenas se han enfrentado en las urnas hasta en tres ocasiones y han mantenido numerosos debates en el Parlamento andaluz. El devenir de la política les separó. El socialista dejó la presidencia de la Junta hace dos años para ocupar la vicepresidencia tercera del Gobierno y el popular permanece en su escaño autonómico a la espera de una cuarta oportunidad para lograr la presidencia de la Junta. No obstante, esta pelea se mantiene muy viva, pero ahora a través de personas interpuestas a cuenta además de sus familiares. El PP ha dejado de poner todos los huevos en la cesta del presunto fraude de los expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados con fondos públicos a centrarse en la actividad profesional de Iván Chaves, el hijo mayor del vicepresidente.
PSOE y PP llevan hoy a la sesión de control cuestiones sobre familiares
Los socialistas, que llevan debajo del agua unos 70 días por los ERE, han sacado la cabeza y tomado oxígeno al trascender que el bufete Olivencia-Ballester, presidido por Manuel Olivencia, suegro de Arenas, asesoró a la empresa pública Santana Motor por lo que cobró una minuta de 119.828 euros pagados con la partida de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. Desde que estalló el escándalo de los ERE el PP ha convertido en suya la frase del exdirector general de Trabajo Javier Guerrero de que se trata de un "fondo de reptiles" y añade que este dinero habría ido a parar a los "amiguetes" del PSOE. El pago de la asesoría, como muchos otros, figura en los listados enviados por la Junta a la juez que investiga el caso con los nombres y las cantidades abonadas por la Junta a cargo de las partidas de ayudas sociolaborales. Según la investigación de Empleo, de los 647 millones con los que estaba dotado el fondo desde 2000 a 2010, se habrían cobrado nueve millones de manera indebida por parte de 72 intrusos.
La portavoz popular, Esperanza Oña, acusó ayer sin pruebas al Gobierno andaluz de "manipular el expediente" de abono al bufete de Olivencia para poner la lupa en Javier Arenas. "Sin lugar a dudas, se ha seleccionado" el expediente, señaló. Cuando se le preguntó si tenía pruebas de esa afirmación, Oña señaló que "ya se irán viendo" e insistió en que se limitaba a "ratificar" las declaraciones del día anterior de su secretario general, Antonio Sanz, sin aclarar si las asumía o no.
Oña acusó a los socialistas de "mezquindad" por equiparar, según ella, un despacho de "prestigio" como el de Olivencia con los intrusos en los ERE o "comisionistas de poca monta", en alusión a Iván Chaves. Oña dijo que el hijo del vicepresidente era un "mediador", por lo que el PP ha pedido a la Junta información sobre cuántos consejeros recibieron al hijo de Chaves y los motivos de esas visitas. El PP interpelará hoy en la sesión de control al Gobierno sobre este tema a través de una pregunta de máxima actualidad.
También el PSOE ha registrado otra por la misma vía sobre la asesoría del bufete de Olivencia en Santana Motor. El portavoz socialista, Mario Jiménez, pidió ayer explicaciones a Arenas por poner en marcha, según él, una "estrategia de ventilador infame contra todo el PSOE y cuestionar "una política indispensable", cuando "al final el bufete donde trabaja toda la familia política de Javier Arenas ha terminado recibiendo un encargo legal". "¿Esos 120.000 euros sí eran legales, porque iba a su suegro, a su cuñado y a su familia política? ¿Por qué se le pidieron explicaciones a José Antonio Viera [secretario general del PSOE de Sevilla] porque su cuñado que llevaba 43 años en una empresa cobró un ERE legal?", se preguntó.
El TSJA avala el refuerzo de Alaya
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha apoyado la decisión de los jueces de Sevilla de eximir del reparto de nuevos asuntos a su compañera Mercedes Alaya que investiga los ERE irregulares, así como dotarla de un juez de apoyo para los juicios de faltas. El juez decano, Federico Jiménez Ballester, informó ayer que la Comisión Permanente del TSJA ha respaldado el acuerdo de la Junta de Jueces de Sevilla de eximir a su compañera de instrucción 6 del reparto de nuevos asuntos durante seis meses. La decisión se tomó ante el volumen de los casos que ya tramita como el de los delitos societarios en el Real Betis, Mercasevilla o los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) presuntamente irregulares. Además, el TSJA apoyó y trasladó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la petición de la juez de contar con un magistrado de apoyo para sustituirla en los juicios de faltas. Por tanto, Alaya solo se ocupará a partir de ahora de los asuntos penales que le lleguen cuando esté de guardia.
